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Aprobada definitivamente la ley que da luz verde a la ruptura de la unidad del Archivo de Salamanca

El proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca ha sido ratificada este jueves por el Senado. Los documentos custodiados en la ciudad salmantina, que fueron incautados durante la Guerra Civil serán llevados a Cataluña, tras ser rechazadas las enmiendas de PP, PNV, y Grupo Mixto (IU), por lo que el texto se mantiene en los mismos términos en los que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.  Los vascos han pedido "trato de igualdad" para sus documentos, y el PNV ha dicho que si no se hace lo mismo, "nosotros iremos a buscarlos".

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El proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca ha sido ratificada este jueves por el Senado. Los documentos custodiados en la ciudad salmantina, que fueron incautados durante la Guerra Civil serán llevados a Cataluña, tras ser rechazadas las enmiendas de PP, PNV, y Grupo Mixto (IU), por lo que el texto se mantiene en los mismos términos en los que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.  Los vascos han pedido "trato de igualdad" para sus documentos, y el PNV ha dicho que si no se hace lo mismo, "nosotros iremos a buscarlos".
Plaza Mayor de Salamanca, con una pancarta.
L D (Europa Press) Según la ley, se devolverá a la Generalidad "los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la recuperación de Documentos, creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938".El siguiente paso será la publicación de esta Ley en el BOE y el retorno de los legajos a Cataluña.
 
Una vez entre en vigor la ley, se creará en le plazo de dos meses una Comisión Mixta entre el Gobierno y la Generalidad para la identificación de los documentos que serán devueltos y una vez realizada esta labor, el Estado entregará los legajos a Cataluña en el plazo máximo de tres meses. La entrega de los mismos deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de entrega y recepción, suscrita por los representantes de ambas administraciones. En todo caso, en el archivo de Salamanca se depositará un copia o duplicado de todos los documentos restituidos cuyo coste económico será asumido por la Generalidad de Cataluña.
 
Asimismo, este texto también regula la creación del Centro Documental de la Memoria en Salamanca, que contará en principio para el próximo año con una suma total que alcanza los 4,8 millones de euros, según se especifica en los presupuestos presentados por la Ministra de Cultura, Carmen Calvo.
 
Ninguna enmienda aprobada
 
Durante la votación, el Senado rechazó tanto la propuesta de veto presentada por el PP así como las 15 enmiendas que presentó el PNV, las 19 enmiendas presentadas por el Partido Popular y las 10 enmiendas presentadas por IU (Mixto). Para defender su propuesta de veto, el PP dijo que el Proyecto de Ley no "custodia el patrimonio común" que tiene el Gobierno; que es "parcial" porque no sirve para todos los archivos, instituciones y particulares que se encuentren en una situación similar; por la "incuria técnica" del Gobierno que ha actuado en fase "prelegislativa" y porque el articulado crea "inseguridad jurídica".
 
El senador popular Juan Van Halen volvió a recordar que esta Ley atenta contra el patrimonio común cultural de los españoles, y alegó que el Gobierno no ha consultado ni a la junta Superior de Archivos ni al patronato del archivo de Salamanca. En palabras de Van Halen, con este proyecto de ley, "se abre el melón" para que todas las Comunidades Autónomas empiecen a "pedir sus papeles". "Al igual que ocurrió ayer (durante el debate sobre el Estatuto) en el Congreso, esto es una escenificación de todos contra uno pero el tiempo nos dará la razón", advirtió Van Halen.
 
La senadora socialista María José Navarro dijo que el Gobierno sí consultó al Patronato de la Guerra Civil, órgano que nombró al Comité de Expertos que dictaminó la recomendación de devolver a Cataluña los documentos incautados.
 
Respecto a la "parcialidad" de esta ley que alega el grupo popular, la senadora socialista señaló que el texto aprobado por el Congreso "acota al máximo" la documentación que se devolverá a Cataluña y argumentó que el procedimiento es "muy restrictivo" para todos aquellos que quieran reclamar sus legajos. Igualmente señaló que es un "acto de justicia" que repara un "agravio" y "cicatriza heridas históricas". "No se trata de devolver a todas las comunidades autónomas lo que piden sino de restituir a una institución los documentos expoliados", aclaró.
 
En el turno de defensa de las distintas enmiendas, el senador del PP, José Muñoz Martín repitió que esta ley es "injusta" y "discriminatoria". Reconoció que el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca está formado por fichas a partir de "lo confiscado", pero matizó que antes de la "restitución" está "el servicio público" a los ciudadanos. Muñoz Martín terminó su intervención recordando las palabras que pronunció Miguel de Unamuno cuando llegaron los nacionales a Salamanca: "Venceréis pero no convenceréis", afirmó.
 
"¿Por qué se los devuelven sólo a Cataluña?"
 
Por su parte, el senador Francisco Javier Maqueda del PNV recordó que ya en el año 1978 el senador vasco Irujo reivindicaba estos archivos para Euskadi. En su opinión, las enmiendas presentadas por el grupo vasco justifican un "trato de igualdad" respecto a Cataluña. "Por qué se los devuelven sólo a Cataluña" se preguntó abiertamente el senador. "Nos vuelven a castigar y a tratar como ciudadanos de tercera". "Si se restituye a Cataluña los documentos y no se hace lo mismo con los documentos vascos. Nosotros iremos a buscarlos", advirtió.
 
Finalmente, el senador Eduardo Cuenca Cañizares de IU presentó una decena de enmiendas para que también que se les devolviera los documentos incautados a las personas jurídicas de otras comunidades autónomas, que tienen una situación similar como ocurre con el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Asturias.

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