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Batalla jurídica campal por Epc en Andalucía, tras las sentencias del TSJA

La negativa de la titular de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez,  a dialogar con los padres que han recurrido Educación para la Ciudadanía les ha hecho afirmar a estos que ni hay libertad de centro como alega Educación, ni tampoco se está acatando la sentencia del TSJA. Es más, el letrado que recurrió la asignatura, Carlos Seco Gordillo, ha denunciado el "desacato" de la consejera Jiménez a las resoluciones judiciales y la violación del derecho a la libertad ideológica y religiosa. Tras las sentencias del TSJA, favorables a los "objetores", la batalla jurídica campal se ha desatado y en ella han intervenido la Fiscalía de Sevilla y la Abogacía del Estado, estos a favor de la Junta de Andalucía.

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La negativa de la titular de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez,  a dialogar con los padres que han recurrido Educación para la Ciudadanía les ha hecho afirmar a estos que ni hay libertad de centro como alega Educación, ni tampoco se está acatando la sentencia del TSJA. Es más, el letrado que recurrió la asignatura, Carlos Seco Gordillo, ha denunciado el "desacato" de la consejera Jiménez a las resoluciones judiciales y la violación del derecho a la libertad ideológica y religiosa. Tras las sentencias del TSJA, favorables a los "objetores", la batalla jurídica campal se ha desatado y en ella han intervenido la Fiscalía de Sevilla y la Abogacía del Estado, estos a favor de la Junta de Andalucía.
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LD (Pedro de Tena) Carlos Seco dijo no entender cómo en un Estado democrático, plural y libre, "pueden existir materias sobre las que no es posible el diálogo social". "No cabe reconocer derechos a determinados grupos y negárselos a otros. Quienes así actúan se sitúan fuera de las reglas del juego democrático", indicó el letrado. Por su parte, otro de los padres recurrentes, Miguel Gómez Agüero, acusó a la consejera de Educación de "enrocarse" en su actitud de no diálogo y le recordó que no es cierto que exista libertad de elección de centro en Andalucía "como prueban los sorteos de niños" en los colegios.
 
Mientras tanto, el martes la Abogacía del Estado presentaba recurso a la sentencia del TSJA alegando la improcedencia de plantear una cuestión de legalidad de la norma nacional, según informa Efe.
 
La Abogacía del Estado considera que los contenidos de la asignatura son constitucionales, pero en especial se opone a la decisión del TSJA de plantear al Supremo una cuestión de ilegalidad de los Reales Decretos. La Abogacía del Estado recurrió el martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló parte de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El recurso insiste en la improcedencia de plantear una cuestión de legalidad de la norma nacional. La Abogacía del Estado considera que todos los contenidos de la asignatura son constitucionales, pero en especial se opone a la decisión del TSJA de plantear al Tribunal Supremo una cuestión de ilegalidad de los Reales Decretos que, a nivel nacional, definieron los contenidos de la materia.
 
Su recurso se basará en la improcedencia de que el TSJA haya planteado la cuestión de legalidad en una sentencia referida a normas andaluzas que son desarrollo de una legislación estatal, pues así "se abre el camino para anular, por esta vía, la norma del Estado". La Abogacía se une así a la Fiscalía de Sevilla en su decisión de pedir al Tribunal Supremo que revoque la sentencia del TSJA que anuló en Andalucía, por inconstitucionales, las referencias de la asignatura a la ideología de género, la homosexualidad y las opciones vitales.
 
Recordaran que hace unos días, la Fiscalía de Sevilla actuando como una engrasada correa de transmisión al servicio de Manuel Chaves, el gobierno de Zapatero, el PSOE y del Fiscal General del Estado, presentaba ante el TSJA el escrito en el que anuncia su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ha declarado nulos algunos de los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía. En ese escrito se cuestionaba el respeto a la Ley de Igualdad derivada de la Constitución.
 
El escrito, con el que el Ministerio Público vuelve a posicionarse del lado de la Junta de Andalucía en la defensa de la citada asignatura, explica los motivos que le llevan a recurrir la sentencia que no son otros que, a su juicio, la sección III ha infringido la Ley de Igualdad que proclama la Constitución. En este caso, la fiscalía de Sevilla, al frente de la cual se encuentra María José Segarra, entiende que la sentencia "ha incurrido en la infracción de las normas de ordenamiento y de la jurisprudencia. En concreto-continúa- por infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el principio de igualdad ante la Ley reconocido en el artículo 14 CE y de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16.1 y 27.3 CE".
 
Además añade:
 
a) que el TSJA ha dictado una sentencia basada en una valoración de eventuales valoraciones "in abstracto" sin haber incluido motivación alguna que haya puesto en conexión las alegadas vulneraciones con los derechos fundamentales del recurrente, ya que éste "matriculó a sus hijos en un centro privado que posee ideario católico".
 
b) que la sentencia no ha aportado "argumentación motivada" que ponga en conexión la declaración de nulidad con los derechos fundamentales que eran invocados. La Fiscalía insiste en que considera "vulnerados" por errónea interpretación y aplicación, los artículos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, así como del que consagra el principio de igualdad.
 
Por su parte, el presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos Católicos (Confapa), Juan María del Pino, consideró "una falta de respeto tremenda hacia los tribunales andaluces, que el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, dé una vez más una lección del talante del 'régimen chavesiano', dedicándose a descalificar a los jueces porque la sentencia del TSJA sobre Educación para la Ciudadanía (EpC) no coincide con sus intereses".
 
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) calificó de "empecinamiento absurdo" que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recurra "en lugar de consensuar", mientras la Confederación Española de Centros de Enseñanza admitió que lo "esperaba", ya que "no se puede quedar parado ante un ataque a su perspectiva de modelo de ciudadano".
 

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