L D (EFE) Durante la sesión de control al Gobierno celebrado en el pleno del Congreso, Caldera tuvo que responder a cuatro preguntas de los grupos parlamentarios relativas al proceso de regularización, un mecanismo que, en opinión del PP, ha convertido la política de inmigración del país en "un cachondeo" porque "por cada inmigrante regularizado han entrado dos por las fronteras".
Caldera, que pidió al PP que se "sume al clamor social" en favor de legalizar la economía sumergida, rechazó sus datos y sus críticas, recordó que ya hay más de 400.000 solicitudes presentadas y le aseguró que en el futuro se aplicará la misma "regla de oro": "quien tenga empleo tendrá legalidad, quien esté en la ilegalidad habrá que legalizarlo, porque eso es lo que quiere la sociedad española".
El portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, apoyó la marcha del proceso, pero se mostró preocupado por las decenas de miles de inmigrantes que sólo en su Comunidad pueden quedar en la ilegalidad, por lo que reclamó que se sea riguroso en la aplicación de la ley de extranjería cuando concluya el proceso. El ministro de Trabajo le garantizó que a partir del 7 de mayo la ley se aplicará "con toda firmeza", aunque consideró que será "una parte bastante pequeña de ciudadanos" la que quedará sin papeles.
Caldera, que pidió al PP que se "sume al clamor social" en favor de legalizar la economía sumergida, rechazó sus datos y sus críticas, recordó que ya hay más de 400.000 solicitudes presentadas y le aseguró que en el futuro se aplicará la misma "regla de oro": "quien tenga empleo tendrá legalidad, quien esté en la ilegalidad habrá que legalizarlo, porque eso es lo que quiere la sociedad española".
El portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, apoyó la marcha del proceso, pero se mostró preocupado por las decenas de miles de inmigrantes que sólo en su Comunidad pueden quedar en la ilegalidad, por lo que reclamó que se sea riguroso en la aplicación de la ley de extranjería cuando concluya el proceso. El ministro de Trabajo le garantizó que a partir del 7 de mayo la ley se aplicará "con toda firmeza", aunque consideró que será "una parte bastante pequeña de ciudadanos" la que quedará sin papeles.
Dice que no ampliará los plazos
Al terminar el proceso, destacó, se autorizará la residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo, razones humanitarias, colaboración con la justicia), se repatriará a los extranjeros irregulares y se seguirá luchando contra la economía sumergida con el arraigo laboral y con el plan de choque de la Inspección de Trabajo. El ministro rechazó la petición que le realizó el diputado de ERC Francesc Canet de ampliar los plazos del proceso, admitir más documentos para acreditar la estancia en España o incluso abrir un nuevo proceso porque no se van a llegar a las 800.000 personas regularizadas que anunció el Ejecutivo.
Tras explicar que en el "millón largo" de personas que había en situación irregular al comenzar el proceso las personas activas, en edad de trabajar, no iban "más allá de las 700.000", Caldera garantizó que al final se estará "cerca de esa cifra". Con esos datos insistió en que el Gobierno, que a petición de asociaciones y organismos "ha flexibilizado algunos criterios sin cambiar los requisitos", no alterará las condiciones del proceso porque "no puede ceder a otras presiones, vengan de donde vengan".
Caldera afirmó ante el pleno en reiteradas ocasiones que el proceso está siendo un "notable éxito", pero los portavoces del PP, Angeles Muñoz y Miguel Barrachina, le advirtieron de que puede "morir de éxito". "España se colapsa", manifestó Barrachina tras asegurar que al finalizar el proceso el número de irregulares duplicará al de extranjeros regularizados y reprochar al ministro haber cometido "tres errores en origen": no haber coordinado el proceso con la Unión Europea, no controlar las fronteras y anunciar su apertura con meses de antelación.
Al terminar el proceso, destacó, se autorizará la residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo, razones humanitarias, colaboración con la justicia), se repatriará a los extranjeros irregulares y se seguirá luchando contra la economía sumergida con el arraigo laboral y con el plan de choque de la Inspección de Trabajo. El ministro rechazó la petición que le realizó el diputado de ERC Francesc Canet de ampliar los plazos del proceso, admitir más documentos para acreditar la estancia en España o incluso abrir un nuevo proceso porque no se van a llegar a las 800.000 personas regularizadas que anunció el Ejecutivo.
Tras explicar que en el "millón largo" de personas que había en situación irregular al comenzar el proceso las personas activas, en edad de trabajar, no iban "más allá de las 700.000", Caldera garantizó que al final se estará "cerca de esa cifra". Con esos datos insistió en que el Gobierno, que a petición de asociaciones y organismos "ha flexibilizado algunos criterios sin cambiar los requisitos", no alterará las condiciones del proceso porque "no puede ceder a otras presiones, vengan de donde vengan".
Caldera afirmó ante el pleno en reiteradas ocasiones que el proceso está siendo un "notable éxito", pero los portavoces del PP, Angeles Muñoz y Miguel Barrachina, le advirtieron de que puede "morir de éxito". "España se colapsa", manifestó Barrachina tras asegurar que al finalizar el proceso el número de irregulares duplicará al de extranjeros regularizados y reprochar al ministro haber cometido "tres errores en origen": no haber coordinado el proceso con la Unión Europea, no controlar las fronteras y anunciar su apertura con meses de antelación.
"Caos y confusión"
Para Muñoz, el Gobierno ha pasado del "papeles para todos" a un "papeles para todos injusto" al aplicar en el proceso unas reglas que han generado "caos" y "confusión", pues hay inmigrantes que intentan acreditar su estancia hasta con "un ticket de Mercadona". La portavoz popular, quien criticó que un extranjero pueda regularizarse gracias a contar con una orden de expulsión, se mostró también convencida de que quedarán "muchísimos irregulares" cuando termine el proceso.
Caldera, convencido de que al PP le gustaría que el proceso fuera un fracaso, aseguró a ese partido que con el actual Gobierno no tendrán "mano de obra sin derechos y sin protección". No ofreció sin embargo las cifras que le solicitó Barrachina relativas a las inmigrantes que ya están dados de alta en la Seguridad Social porque, según explicó, los empresarios tienen un mes para hacerlo, con lo que los primeros lo hicieron a principios de marzo y aún no ha finalizado el plazo para ingresar las cotizaciones, por lo que los datos no son representativos.
Para Muñoz, el Gobierno ha pasado del "papeles para todos" a un "papeles para todos injusto" al aplicar en el proceso unas reglas que han generado "caos" y "confusión", pues hay inmigrantes que intentan acreditar su estancia hasta con "un ticket de Mercadona". La portavoz popular, quien criticó que un extranjero pueda regularizarse gracias a contar con una orden de expulsión, se mostró también convencida de que quedarán "muchísimos irregulares" cuando termine el proceso.
Caldera, convencido de que al PP le gustaría que el proceso fuera un fracaso, aseguró a ese partido que con el actual Gobierno no tendrán "mano de obra sin derechos y sin protección". No ofreció sin embargo las cifras que le solicitó Barrachina relativas a las inmigrantes que ya están dados de alta en la Seguridad Social porque, según explicó, los empresarios tienen un mes para hacerlo, con lo que los primeros lo hicieron a principios de marzo y aún no ha finalizado el plazo para ingresar las cotizaciones, por lo que los datos no son representativos.