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Castilla y León emprenderá "acciones penales" contra el Gobierno por el Archivo de Salamanca

La Junta de Castilla y León emprenderá "acciones penales" contra el Gobierno por su decisión de devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos del Archivo de Salamanca reclamados, según anunció la consejera de Cultura, Silvia Clemente. Para la Junta, la decisión de Carmen Calvo se apoya en un dictamen "nulo de pleno de derecho por el cúmulo de irregularidades". La ministra ya ha anunciado que entregará los documentos sin pasar por el Consejo de Ministros.

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La Junta de Castilla y León emprenderá "acciones penales" contra el Gobierno por su decisión de devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos del Archivo de Salamanca reclamados, según anunció la consejera de Cultura, Silvia Clemente. Para la Junta, la decisión de Carmen Calvo se apoya en un dictamen "nulo de pleno de derecho por el cúmulo de irregularidades". La ministra ya ha anunciado que entregará los documentos sin pasar por el Consejo de Ministros.
Carmen Calvo.

L D (Agencias) Clemente dijo que se tomará esa iniciativa por considerar la decisión del Gobierno tan "grosera y vergonzante que vulnera el principio constitucional de la observancia del ordenamiento jurídico" y conculca, entre otras, las leyes regionales sobre la materia. La consejera de Cultura aseguró que la decisión del Gobierno se apoya en un dictamen de la Comisión de Expertos que a su juicio es “nulo de pleno derecho” por el "cúmulo de irregularidades" existente en su elaboración.

Sobre este asunto, precisó que su contenido no fue sometido a votación formal y que cuando se llegó a la conclusión definitiva estaban ausentes un tercio de sus miembros, además de tener una presidencia "itinerante". Silvia Clemente subrayó que el contenido de dicho dictamen no ha sido comunicado a la Junta de Castilla y León, motivo por el cual se dirigió ayer por escrito a la ministra de Cultura exigiendo el texto.

Calvo, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, destacó que el Ejecutivo ha cumplido con el mandato parlamentario de encontrar antes de fin de año una solución a este conflicto que dura casi 25 años y que estudia ya la solución técnica y jurídica para hacer efectiva esa devolución. No ha sido muy difícil cumplir esta promesa. El comité de expertos lo formó el día 3 de noviembre y en poco más de mes y medio, y sin pisar Salamanca han llegado a unas conclusiones.

El Ministerio de Cultura remitirá esta misma semana al Parlamento un informe con la solución adoptada, según Carmen Calvo, quien señaló que la decisión no necesariamente tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y que su articulación técnica puede tardar unos meses.

La comisión de 17 expertos elegidos por Cultura resolvió el pasado día 23 que las razones de la Generalidad de Cataluña para reclamar la devolución de los documentos -en torno al 2,5 por ciento del total de la documentación archivada en Salamanca- son "justas y legítimas". La ministra consideró que las conclusiones están "cargadas de mesura y sentido común" y mostró su perplejidad por las reacciones de "política fácil" a esas conclusiones y las críticas a los expertos.
 
El informe de 2002, ignorado

"Si alguien se empeña en enfrentar territorios, será su responsabilidad", dijo la ministra, quien pidió coherencia y prudencia a determinados dirigentes del PP. Resaltó que los documentos van a seguir en territorio español, bajo la protección de las Administraciones Públicas del Estado y cumpliendo su función para todos los españoles, independientemente de dónde se encuentren físicamente.

Además, calificó de "poco razonable" que, mientras se hacen permanentes llamamientos a la participación de la sociedad civil, cuando ésta, a través de expertos de reconocido prestigio, interviene en los asuntos públicos, las conclusiones no sirvan porque "a alguien no se le ha dado la razón". En 2002, otra comisión de expertos constituido por dos investigadores elegidos por Cultura –con el Gobierno del PP- y otros dos elegidos por la Generalidad dictaminó en contra de dividir el archivo. Sin embargo, esta conclusión no le ha servido al Gobierno socialista. Desde algunos sectores del PP sospechan que esta actitud pudiera estar relacionada con la "hipoteca" del Gobierno con los nacionalistas catalanes.
 
La batalla jurídica
 
Con el anuncio de este martes, Cultura también hace caso omiso a que el Parlamento de Castilla y León aprobara el pasado miércoles la reforma legislativa necesaria para integrar en su Sistema de Archivos el de la Guerra Civil. La reforma, en el primer caso, consiste en la inclusión del depósito documental de la Guerra Civil, con sede en Salamanca y de titularidad estatal, y en general de todos los históricos de titularidad estatal pero de interés para la Comunidad, dentro del Sistema de Archivos de Castilla y León, y en el segundo se trata de dotarle de la consideración de Bien de Interés Cultural.
 

Cultura ya ha anunciado que planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y es que la ministra Carmen Calvo parece decidida a contentar a toda  costa a Maragall y a su socio Carod Rovira. El Grupo Popular del Parlamento de Castilla y León ha encargado a Javier Gómez de Liaño que defienda a esta Cámara en este conflicto de competencias que, una vez conocido el dictamen del comité de expertos, será crucial para salvaguardar la unidad del archivo.

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