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Chaves inauguró un hotel de lujo en Chiclana que no tenía todas las licencias necesarias

Manuel Chaves inauguró en 2007 un hotel de lujo en Chiclana, propiedad de su amigo Luis Portillo, a pesar de carecer de las licencias legales oportunas. El Ayuntamiento socialista autorizó irregularmente algunas de ellas en contra del informe de los técnicos municipales.

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LD (Pedro de Tena) Luis Portillo es un empresario andaluz surgido de la nada en Dos Hermanas y catapultado a las más altas cumbres del capitalismo "salvaje" nacional, el inmobiliario, por su "más que amigo", Francisco Toscano Sánchez, patriarca del clan socialista Toscano, alcalde de Dos Hermanas, Sevilla, precisamente la localidad en que Manuel Chaves tiene dos pisos, y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Este es el constructor de un hotel de cinco estrellas gestionado por la cadena Barceló en la localidad de Chiclana, hotel que fue inaugurado por Manuel Chaves el 22 de septiembre de 2007 cuando carecía de las licencias legales oportunas. El concejal socialista Joaquín Muriano Ayán, que autorizó irregularmente algunas de las licencias preceptivas contra el informe de los técnicos municipales y dos días antes de la entrada del nuevo gobierno municipal en mayo de 2007, está acusado por el propio Ayuntamiento de un delito de prevaricación. Ahora, el ex alcalde socialista José María Román, con el apoyo de varios tránsfugas, quiere arrebatar la alcaldía al PP, al PA y a una parte de IU que quieren investigar la corrupción socialista en Chiclana.

La inauguración del hotel Barceló Sancti Petri, un cinco estrellas de gran lujo con 195 habitaciones y 91 villas que gestiona la cadena mallorquina Barceló y es propiedad de Expo An SA, una de las empresas de Luis Portillo, tuvo lugar el día 22 de septiembre de 1987, poco después de las elecciones municipales que hicieron perder el gobierno al PSOE. Medio centenar de huéspedes inauguraron las instalaciones. Entre ellos y destacadamente, estuvo Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el hotel carecía de las oportunas licencias legales cuando fue inaugurado por el presidente de la Junta.

Dos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, en lo que pareció un intento claro de justificar la inauguración del hotel y para allanar el camino de la legalización al empresario Portillo, el concejal socialista Joaquín Muriano Ayán dotó irregularmente al hotel de algunas licencias preceptivas a pesar de varios informes en contra de los técnicos municipales, motivo por el cual ha sido acusado de prevaricación en la querella presentada el pasado 31 de octubre por el Ayuntamiento de Chiclana, que no por un partido concreto.

Se da la circunstancia de que el señor Muriano Ayán era concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el momento de producirse los hechos y que, además profesionalmente, es arquitecto superior, con lo que ninguna ignorancia podía ser alegada.

Irregularidades de Portillo: exceso de edificabilidad y posible venta de apartamentos

La Mercantil Desarrollos Turísticos Hoteleros Sancti Petri S.L., otra empresa de Luis Portillo, realizó la construcción de este Hotel y apartotel de 5 estrellas y piscina en el término municipal de Chiclana de la Frontera amparada por la licencia urbanística de obra mayor otorgada en virtud del Decreto 1.106 de fecha 12 de Junio de 2003 en el Expediente 347/03. En la parcela que ocupa el hotel, el aprovechamiento máximo ascendía a 25.295 metros cuadrados según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Pero la empresa de Portillo incumplió lo que había aceptado en principio y por lo que le fue concedida licencia de obra.

El análisis de la propia documentación presentada por la Empresa promotora reflejó un aumento en la superficie construida computable o edificabilidad, de tal modo que el Informe Resumen de superficies y presupuesto refleja un aumento de superficie construida computable sobre rasante de 174 m2 y 2.090 m2 en sótano alcanzándose una superficie construida computable de 27.482,77 m2, muy superior a los 25.295 m2 de la máxima edificabilidad de la parcela.

Además, se transformaron los sótanos contemplados en los proyectos iniciales como de uso no público y que por ello no computaban a efectos de edificabilidad. Pero luego aparecieron como por encanto un spa, una bolera y un bar musical, por lo que ante el evidente uso público que dichas instalaciones tendrían en un futuro, la edificabilidad de dichos sótanos debían de computar a los efectos de edificabilidad total del complejo hotelero. Y así lo denuncian diversos informes Técnicos. El Informe Técnico de fecha 27.04.2007 suscrito por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Frontera contiene un análisis pormenorizado de las superficies construidas computables y concluye sobre la existencia de un exceso de edificabilidad sobre rasante de 174 m2y de 2.745,99 m2 bajo rasante, con un total 2.919,99 m2 de exceso de superficie construida computable

Por ello, legalmente, no podía otorgarse la licencia de primera ocupación. La obra no cumplía ni con el planeamiento vigente ni tampoco con el proyecto que fue merecedor de la licencia de obras concedida, al excederse la edificabilidad máxima patrimonializable y autorizada al promotor. Tales informes más el de la Asesoría Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Frontera debió acarrear una denegación expresa de la licencia urbanística solicitada, pero nunca un otorgamiento expreso de la misma.

Connivencia socialista con la irregularidad

En lo que hace referencia a la venta de apartamentos del Hotel, el 21 junio 2004 se inscribió en el Registro de la Propiedad la división horizontal de los 94 apartamentos, lo que implica la posibilidad de venderlos como apartamentos de uso habitual o turísticos, en contra de la licencia que tenían concedida y que tan sólo abarcaba su uso como apartotel. Esta división horizontal permitió a la empresa de Portillo, el 1 de octubre de 2004, ampliar la hipoteca a 21.590.000 euros siendo avalistas las empresas también de Portillo, Expo an S.A. y Grupo Portival S.L. El 9 de mayo de 2005, por parte de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana, gobernada por el PSOE, se pregunta curiosamente a Desarrollos Turísticos S.L. de Portillo si ha tenido conocimiento de que la maniobra realizada no está permitida.

Ante esta comunicación del consistorio chiclanero, Portillo contesta en una carta, el 22 de junio de 2005, que en entrevistas con Manuel Jiménez Barrios, por aquel entonces alcalde socialista de Chiclana, ya se le planteó que la empresa tenía que hipotecar las instalaciones y, para ello, necesitaban hacer la división horizontal, algo con lo que Barrios estuvo de acuerdo. Es por ello por lo que, tal y como indicaba en la misma carta, Portillo entendía que, “a pesar de que ahora el alcalde era José María Román, éste también lo consideraría correcto”.

 El comportamiento del concejal socialista Muriana Ayán

A pesar de todo lo cual el Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Frontera con fecha 25.05.2007 otorgó Decreto nº 1597 concediendo licencia urbanística de primera ocupación al hotel de Portillo. En el otorgamiento de esta licencia urbanística, el querellado, según el Ayuntamiento de Chiclana, se apartó expresamente del criterio, más que unánime, de los Técnicos municipales sobre el fondo del asunto, con total desprecio de dicho Informes técnicos y jurídicos evacuados y alejándose frontalmente de la legalidad urbanística del municipio de Chiclana de la Frontera.

Las obras ejecutadas jamás debieron recibir la "aprobación" municipal en forma de Decreto de concesión de la licencia urbanística de primera ocupación de la totalidad del complejo hotelero por cuanto excedían en mucho (un 11,5%) la máxima edificabilidad o aprovechamiento patrimonializable permitido para la parcela. La ejecución de obras contraviniendo las condiciones establecidas en la licencia urbanística que las ampare está tipificada como infracción urbanística grave en el artículo 207.3.a de la LOUA, y en su virtud debería haberse actuado conforme al procedimiento definido en el artículo 186 de la LOUA, tramitándose al efecto un Expediente sancionador por la infracción urbanística ya comentada y un Expediente de Protección de Legalidad conducente a la reposición de la realidad física alterada.

Pero el concejal Murian Ayán no ejecutó la apertura del preceptivo Expediente Sancionador ni tampoco del preceptivo Expediente de Protección de la Legalidad, con absoluto desprecio de la legalidad urbanística vigente en el municipio de Chiclana de la Frontera.

Finalmente, la referida instalación hotelera fue inaugurada el 22.09.2007 por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, que inauguraba así un hotel ilegalmente construido. Por ello, según el gobierno de Chiclana, los hechos descritos, sin perjuicio de ulterior calificación, son constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404, en relación con el artículo 320.2 del Código Penal, delito de prevaricación agravada, si se tiene en cuenta el criterio establecido al respecto por nuestros Juzgados y Tribunales de Justicia sobre la denominada "prevaricación urbanística" y por todos ellos la Sala de lo Penal del Tribuna Supremo en Sentencia núm. 1440/2003 de 31 de octubre.

El "amigo" Portillo y la "operación Nochebuena"

Muy poco después de estos hechos, tuvo lugar lo que ya es conocida como la "Operación Nochebuena", como la llamaron algunas Cajas de Ahorro andaluzas, que fue referida con detalles por El Confidencial. La operación Nochebuena, realizada con el apoyo necesario de Manuel Chaves, fue el desesperado intento de sostener la cotización de la inmobiliaria Colonial, regida entonces por Luis Portillo, en bolsa, con el respaldo de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en La Moncloa y el dinero que debían aportar las seis cajas de ahorro de Andalucía, cuyos presidentes fueron convocados a una reunión de urgencia que debía celebrarse en Sevilla en la mañana del lunes 24 de diciembre, día de Nochebuena de 2007. Habían pasado apenas tres meses desde la inauguración del hotel de Chiclana.

En efecto, en la mañana del sábado 22 de diciembre, los presidentes de las entidades de ahorro andaluzas fueron contactados por responsables de la Junta de Andalucía para asistir a una reunión en Sevilla, en la cual se iba a tratar la situación de Colonial y la forma de ayudar a la inmobiliaria a salir del bache, operación que contaba, con el pleno respaldo del Gobierno, de David Taguas y, naturalmente, de Manuel Chaves.

Pero los distintos responsables de Cajas, con excepción de Antonio Pulido, hombre de confianza de Manuel Chaves y actual presidente ejecutivo de Cajasol manifestaron enseguida su deseo de escurrir el bulto enviando a la reunión sevillana a representantes de segundo nivel, en un movimiento destinado a eludir la toma de cualquier compromiso que pudiera comprometerles. La reunión en cuestión se celebró, en efecto, en la mañana del 24 de diciembre pasado.

Entre los oficiantes del cónclave estaba, cómo no, el más que amigo de Portillo y alcalde socialista de Dos Hermanas Francisco Toscano Sánchez, responsable en gran medida de la deslumbrante irrupción inicial de Portillo en el mundo del ladrillo. Junto a Toscano, José Antonio Viera Chacón, ex delegado del Gobierno en Andalucía, ex consejero de la Junta y actual secretario provincial del PSOE de Sevilla, además de número dos de la lista de Sánchez Monteseirín a la alcaldía hispalense, entre otros cargos, siempre ligados al PSOE andaluz. A los reunidos se les explicó que el plan consistía en sostener la cotización de Colonial en Bolsa mediante la aportación de 100 millones de euros que serían proporcionados de forma alícuota por las Cajas. De acuerdo con las fuentes, “a los reunidos se les informó que aquella misma mañana, y a la misma hora, el propio Luis Portillo estaba reunido con David Taguas en La Moncloa coordinando el plan de rescate”.

Afortunadamente para las Cajas y para los impositores andaluces, fue imposible tomar decisiones en firme, puesto que cada uno de ellos se escudó en la necesidad de transmitir la petición que acababan de recibir a sus respectivos presidentes para que obraran en consecuencia. En suma, las entidades lograron evitar con esa treta el pago de ese impuesto revolucionario. Poco después, el día de los Inocentes, Portillo era defenestrado de Colonial.

Recurren a la Cámara de Cuentas para que investigue el caso Chiclana

En el acuerdo municipal que firmó el alcalde de Chiclana, el popular Ernesto Marín, el pasado enero de 2008, se dice que "se ha generado una problemática compleja en torno a las viviendas irregulares, fuera de todo planeamiento, que se han multiplicado sin control, a lo largo de todo el término municipal, y se ha aprobado tras un trámite largo y con reveses judiciales, un nuevo P.G.O.U., vigente desde marzo de 2007. El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha sido gobernado durante veintiséis años consecutivos por el PSOE, desde el año 1.981 hasta el año 2.007, con mandatos de mayoría absoluta en casi todas las Corporaciones.

Y sigue el acuerdo diciendo que "durante el ejercicio 2007, se sucedieron noticias en prensa que denunciaban indicios de irregularidades en nuestro ámbito municipal. Muestra de ello son los conocidos caso Coto San José, o Mogarizas, y en este último, incluso, ha recaído sentencia judicial que condena al Ayuntamiento como responsable subsidiario de la Sociedad Anónima Municipal, EMSISA, al pago de una indemnización de más de doscientos mil euros, por eludir uno de los trámites de publicidad en la adjudicación de unas obras de urbanización."

Y continúa expresando que: "resultando, que a consecuencia de los citados hechos, se ha visto afectada la percepción del ciudadano sobre que la Administración está controlada, que ese control es auténtico y que a través del mismo se conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos." Por ello, pide a la Cámara de Cuentas de Andalucía la emisión de un informe de fiscalización en el que se haría constar entre otras cuestiones, la observancia de la legalidad reguladora de la actividad económica financiera y de los principios contables aplicables. También el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y de los principios de eficacia, economía y eficiencia en la ejecución de la gestión pública y por último, la existencia de infracciones, abusos o prácticas irregulares detectadas. "En dicho informe de fiscalización se incluirían así mismo, las medidas correctoras que procedan para mejorar la gestión económica y financiera de las entidades fiscalizadas", se añade. 

Pidió además que el informe abarque tanto al Ayuntamiento chiclanero como a su Organismo Autónomo (GMU) así como a las dos sociedades municipales, Chiclana Natural y Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A (EMSISA) relacionadas con el urbanismo y que contemple los años transcurridos desde 1999 a 2007.

Entre los expedientes prescritos, familiares del ex gobierno socialista de Chiclana

El Partido Popular de Chiclana acusó y acusa al PSOE de archivar el expediente urbanístico que sancionaba a una empresa propiedad de Luís Portillo y constructora de un equipamiento hotelero en el Novo Sancti Petri, explotado actualmente por la cadena hotelera Barceló. El PSOE lo negó, hablando de otro expediente distinto, que se legalizó a cambio de casi dos millones de euros.

El PP de Chiclana ha recordado a Libertad Digital que, además, que entre los expedientes sancionadores archivados de los que dimos cuenta este martes, "se encuentran además, de forma escandalosa, los de familiares directos de concejales del PSOE. En concreto, se dio carpetazo a un expediente del hermano de José María Román, del primo hermano de la mujer de José María Román y del tío del concejal Ruiz Piñero, denunciado también por el archivo de su expediente urbanístico". Estos formarán parte, casi con toda seguridad, del nuevo gobierno que salga tras la aprobación de la moción de censura presentada contra el actual gobierno de Chiclana.

Los miembros del Partido Popular chiclanero destacaron en su día que "se da la circunstancia agravante de que incluso se llegaba a redactar el Decreto sancionador pero el concejal de urbanismo del PSOE no lo firmaba, por lo que es más que evidente el carpetazo que se le daba al mismo". Por otro lado, en los otros expedientes, sólo consta la denuncia de los inspectores sin más trámites, por lo que "es evidente el ánimo del PSOE de archivar por la vía rápida los expedientes de sus familiares", aseguran.


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