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Curiosidades del caso Estepona: anecdotario para el humor negro

La corrupción urbanística municipal en la localidad de Estepona parece no tener fin. Y en todo gran caso de corrupción que se precie hay anécdotas y curiosidades, que exponemos a continuación.

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La corrupción urbanística municipal en la localidad de Estepona parece no tener fin. Y en todo gran caso de corrupción que se precie hay anécdotas y curiosidades, que exponemos a continuación.
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L D (Pedro de Tena) Estas son algunas de las "singulares" indagaciones acerca de los hechos ocurridos en Estepona durante esta semana.

Más tonto que Pepeleche

Un técnico de Estepona cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa. Xavier Wittmeur recibía los pagos en la nómina como plus de productividad. Wittmeur, acusado de falsedad en documento público, fraude y malversación, recibía los pagos de un modo poco discreto: directamente en su nómina. Recibía 2.000 euros todos aquellos meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que eran objeto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y distintos promotores privados.
 
La Policía descubrió los pagos cotejando las hojas de nómina del empleado municipal con las fechas de los convenios en los que supuestamente presentó las peritaciones irregulares, que según fuentes judiciales fueron las que le llevaron a prisión por orden de la juez Isabel Conejo. La diferencia entre la tasación oficial a la baja y el valor real de mercado de los terrenos objeto de convenio, se utilizaba, según los investigadores, para el pago de comisiones a diferentes técnicos y políticos del Ayuntamiento.

Dinero negro para la Feria

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en los registros de la operación "Astapa", hallaron al menos 90.000 euros en metálico en un cajón del despacho de la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada cautelarmente del PSOE.
 
Según fuentes judiciales, cuando fue arrestada, la edil aseguró a los agentes que la cantidad estaba destinada a sufragar actos de la próxima feria de Estepona, que se celebrará la semana que viene. Tras ser puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros, Asunción López relató que en el momento de ser detenida, creyó que se trataba de un secuestro.

La importancia de llamarse "experto"

También testificó ante los agentes el abogado Ignacio Pérez de Vargas, el mayor especialista en derecho administrativo y urbanístico de la ciudad. Pérez de Vargas, que fue interrogado durante ocho horas, asesora a las mayores empresas y está detrás de muchos de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, como Valle Romano o la urbanización de los terrenos de la llamada Herencia Nadal.

La tela de araña

Uno de los aspectos de la vida municipal esteponera que más ha llamado la atención a los agentes ha sido la contratación, en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales, de familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales.
 
Si el primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas, con un sueldo mensual de 2.450 euros, en mayo de 2007, Ana Maria Álvarez Ortega, hermana del entonces secretario general del PA, Julián Álvarez, fue contratada con el mismo salario en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL.

¿A quién poner de alcalde/sa que no resulte imputado en cualquier momento?

Dimite Barrientos y le sustituye provisionalmente el andalucista Rafael Montesinos, que ha sido imputado igualmente. El PSOE, entonces, piensa en colocara a Rafael Duarte, concejal de Urbanismo, en la alcaldía, pero también ha resultado imputado. El panorama político en el Ayuntamiento de Estepona es cada día más enrevesado y las salidas se van estrechando.
 
La decisión de no renunciar a sus actas de concejal de los cuatro miembros del equipo de gobierno del PSOE en libertad bajo fianza por su implicación en la trama de corrupción, y la imputación al alcalde accidental, el andalucista Rafael Montesinos, añaden nuevas dificultades para la elección de alcalde y la composición de un equipo de Gobierno. El tiempo además premia, porque el sucesor de Antonio Barrientos deberá nombrarse como máximo el día 17 de julio.

Aquí no dimite ni Dios

Salvo el alcalde Barrientos, porque ya sería la releche, en Estepona ningún otro concejal imputado perteneciente al PSOE ni al PA ha dimitido. No sabemos del PES, que básicamente no existe.
 
Los concejales del Ayuntamiento de Estepona Francisco Zamorano, Asunción López, Marisa Rodriguez y Mariví López, en libertad bajo fianza por el "Caso Astapa", y a los que el PSOE ha expulsado provisionalnente del partido, mantendrán sus actas de concejales al considerarse inocentes, a pesar de que la cúpula socialista les exigía la dimisión y que cedieran sus puestos a otros integrantes de la candidatura.
 
Alegan, claro está, que se incumple la presunción debida de inocencia.

La extraña declaración de Galeote

Ricardo Galeote, hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote, declaró el martes en Estepona, nada menos que en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes judiciales dijeron a El Mundo que lo hizo en calidad de "imputado".
 
Sin embargo, el propio Galeote hizo unas curiosas declaraciones a la cadena Ser en las que señaló que había acudido ante la Policía tras recibir una llamada de los agentes, "para conocer nuestra visión general acerca de los últimos acontecimientos relacionados". ¿Y por qué no llamar, si ese era el objetivo, al presidente del PP de Estepona, Ignacio Mena?

Los abogados acusan a la policía y a los jueces de detener antes de investigar

Los abogados consideran que el procedimiento que acostumbra a seguirse en la Costa del Sol en los casos de blanqueo de capitales no es el correcto, y critican que se produzcan las detenciones de los presuntos implicados y los autos de prisión antes de que se lleve a cabo una profunda investigación de los hechos.
 
El abogado Horado Oliva, hermano de un ex consejero de la Junta de Andalucía y abogado en su día de Juan Guerra, que ejerce la defensa de varios imputados en los casos Ballena Blanca, Malaya y Astapa, considera que el procedimiento penal empieza por el final, con las detenciones, mientras que "lo sensato es que se haga una investigación, se consigan unas pruebas, el fiscal acuse y si hay condena, vaya una persona a la cárcel ".

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