El Manifiesto de los 2.300 se asocia con aquel que un grupo de intelectuales y profesionales liberales residente en Cataluña firmó a principios de los 80 alertando del liberticidio cultural y lingüístico que se iniciaba en esa región con la llegada de Jordi Pujol al poder. Uno de sus promotores, Federico Jiménez Losantos, fue secuestrado y tiroteado por terroristas nacionalistas y la mayoría de sus firmantes terminó en el exilio. Pujol y sus actuales sucesores en el gobierno catalán han llevado a cabo su proyecto totalitario con la complicidad de los partidos políticos supuestamente nacionales, PP y PSOE. El Manifiesto ha quedado como un valioso documento histórico que anticipó todo lo que vino después y, por tanto, retrata a la clase política española.
Este miércoles se presentaba otro manifiesto de 2.300. No es, ni mucho menos, una reedición del manifiesto barcelonés ni una reivindicación de la libertad en Cataluña. Su sentido es totalmente contrario. Es un ataque más a uno de los pilares de cualquier sociedad libre y democrática: la justicia independiente. El objetivo, defender al juez Garzón por razones exclusivamente ideológico-sectarias.
Lo han llamado "Por la normalización democrática", que exige Justicia para las víctimas del franquismo. Será entregado esta tarde a las asociaciones de memoria histórica, se dirige al Tribunal Supremo de España y al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En el mismo se asegura que la transición fue un "acuerdo asimétrico" entre partidarios de la dictadura y demócratas que tuvo como resultado "la incorporación del franquismo en las estructuras hoy vigentes". Los firmantes, que no se citan, mantienen que, mientras no se acepte la existencia de los "cadáveres que se guardan en el armario", no se resolverá un aspecto fundamental de la vida social española: "la terrible injusticia que sufren personas cuyos familiares yacen todavía, ocultos bajo tierra, en los campos de media España". "Su derecho a enterrar dignamente a sus antepasados recientes es fundamental e inalienable (...) La indiferencia es cómplice de formas políticas totalitarias", dice el manifiesto.
El manifiesto va acompañado de un documento adicional, firmado por más de un millar de científicos y profesores de 45 universidades públicas y de los organismos públicos de investigación llamado "Críticos y ciudadanos. La Ciencia y la Universidad reivindican el pensamiento crítico". Dice estar dirigido contra las campañas de "acoso" que padecen por opinar sobre ésta y otras cuestiones.
Éste último va firmado por Federico Mayor Zaragoza y Jorge Riechmann (Universidad Autónoma de Madrid), Francisco Fernández Buey (Universidad Pompeu Fabra), Reyes Mate, Jesús Ávila y Bernardo Herradón (CSIC), entre otros, según informan los promotores del mismo.
El documento se presentará en la sede del CSIC. Su contenido no destaca por su originalidad, sino que repite la retahíla de consignas de todo manifiesto progre que se precie: dice que la "amalgama ideológica liberal-conservadora llevaba ya años intentando relegar el pensamiento crítico al ostracismo, a la inhibición y a la autocensura". "La crisis del modelo económico -se asegura-, la decepcionante respuesta política y judicial ante el clamor de las víctimas del franquismo, y el creciente cuestionamiento de la versión oficial de la transición a la democracia, han acentuado aún más la campaña de acoso ante cualquier pensamiento crítico".
Por eso, prosigue, "nuestra condición intelectual y ética nos exige estar presentes en los debates públicos" y a actuar como conciencia crítica ante el discurso dominante y como "vigilantes de las tentaciones involucionistas en la ciencia, los derechos democráticos, el pluralismo ideológico efectivo y el imperio de la Justicia".
Entre otros, asistirá, cómo no, entre el público el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, que ya organizó en su universidad un aquelarre junto a los sindicatos para denigrar al Tribunal Supremo en apoyo del juez Baltasar Garzón.