L D (EFE) La Jefatura de Policía de Baleares informa este sábado en un comunicado de que da por desarticuladas las dos bandas, operación denominada K.O. que comenzó el pasado miércoles impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción número tres de Palma.
La investigación de este caso, según revela el comunicado policial, comenzó a raíz del envío de un paquete al director del centro penitenciario que contenía un corazón, que la Policía comprobó que no era humano.
Las indagaciones permitieron a los agentes identificar al autor del envío, el funcionario de prisiones Antonio C.O., cabecilla de una de las bandas, así como localizar la carnicería en que se compró el órgano recibido por el director del centro.
En esa investigación se tuvo conocimiento de que Antonio C.O. mantenía "conductas extrañas y de conflicto con internos y compañeros", por lo que se sospechó que podría dedicarse a acciones delictivas, como la venta de drogas u otros productos prohibidos.
La Policía señala que, tras dos meses de investigación, se constató la existencia en el centro de dos organizaciones dedicadas a la venta, entre otros elementos, de droga, cuyos cabecillas eran el citado Antonio C.O. y el funcionario Mario F.L.
La investigación de este caso, según revela el comunicado policial, comenzó a raíz del envío de un paquete al director del centro penitenciario que contenía un corazón, que la Policía comprobó que no era humano.
Las indagaciones permitieron a los agentes identificar al autor del envío, el funcionario de prisiones Antonio C.O., cabecilla de una de las bandas, así como localizar la carnicería en que se compró el órgano recibido por el director del centro.
En esa investigación se tuvo conocimiento de que Antonio C.O. mantenía "conductas extrañas y de conflicto con internos y compañeros", por lo que se sospechó que podría dedicarse a acciones delictivas, como la venta de drogas u otros productos prohibidos.
La Policía señala que, tras dos meses de investigación, se constató la existencia en el centro de dos organizaciones dedicadas a la venta, entre otros elementos, de droga, cuyos cabecillas eran el citado Antonio C.O. y el funcionario Mario F.L.
"Métodos mafiosos"
El comunicado precisa que el primero, Antonio C.O., lideraba la banda más importante, en la que estaban distribuidas las funciones, integrada por otros cuatro funcionarios, a quienes se acusa de distintos delitos, así como por "internos de confianza", que llevaban a cabo la distribución de la droga y otros productos una vez introducidos en la cárcel.
Esta organización, precisa el comunicado, "no dudaba en el empleo de métodos mafiosos para conseguir sus fines", como amenazar, dar palizas o causar daños a compañeros e internos, o cambiar analíticas de orina de internos para beneficiarlos o perjudicarlos, según su interés.
Los integrantes de la banda también seguían a sus víctimas hasta identificar sus domicilios, se hacían pasar por policías, causaban daños a propiedades, e incluso realizaban filtraciones a los medios de comunicación de datos reservados para favorecer sus intereses.
"De todo ello –agrega la nota– se ha podido concluir una lista extensa de víctimas de los mismos, gran parte compañeros o internos que los pretendían denunciar, muchos de los cuales han tenido que abandonar la isla o han sufrido daños físicos y psicológicos".
Tras la información recabada por la Policía, el pasado miércoles se practicaron simultáneamente nueve registros en cuatro domicilios y cinco celdas, en los que los agentes se incautaron de sustancias estupefacientes, diversa documentación, cinco equipos informáticos, numerosos teléfonos móviles de uso ilícito, útiles para el consumo y venta de drogas, y otros efectos.
Los cinco funcionarios detenidos son Antonio C.O., de 38 años; Mario F.L., de 41 años; Antonio P.M., de 52 años; José R.F., de 48 años; y José Emilio M.S., de 42 años. Los seis internos arrestados son Ester S.L., 35 años; Germán Antonio R.R., 35 años; Carlos Alberto R.E., de 41 años; Julián M. C., de 37 años; Patrick D., 55 años, y Manuela G.G., de 43 años.
El comunicado destaca la colaboración que ha prestado para la resolución del caso la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y la dirección de la Prisión de Palma, cuyos datos fueron "de gran importancia" para la resolución de la investigación.