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EGMASA, empresa encargada de velar por el medioambiente, organiza cacerías irregulares

El pasado sábado 14 de febrero, agentes de Seprona se toparon con una montería irregular en una zona del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), La actividad cinegática estaba organizada por  Empresa de Gestión Medioambiental andaluza.

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LD (Pedro de Tena) Cuenta La Razón que el pasado sábado 14 de febrero, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se toparon con una montería irregular en la pista forestal conocida como camino de las Chozuelas, una zona del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), organizada por la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), dependiente de la Junta de Andalucía. Por cierto, no muy lejos de la cacería de Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo que le costó el puesto al hoy ex ministro.

Los guardias del puesto de Pozo Alcón observaron que en el espacio protegido llameaban varias hogueras y se habían instalado una serie de mesas, sillas, una cocina portátil de gas y un camión de catering para los asistentes a una cacería, que no estaba señalizada, tal y como marca la ley.

Interrogan a los presentes quienes aseguran "que miembros de Egmasa son los responsables de la misma", punto que confirma el propio personal de la empresa pública, a pie de sierra. Además, según consta en el informe elaborado por el Seprona, al que tuvo acceso La Razón, "hay turistas paseando por el mismo paraje donde tiene lugar la actividad cinegética y, ante el riesgo que esto supone para la seguridad de las personas, se les insta de forma urgente a abandonar el lugar y a volver al camino sin salir de éste".

"Claro peligro"


La causa: existía un "claro" peligro para "su integridad", dado que podían haber resultado heridos mientras los cazadores abatían a sus presas, por lo que se pide también a la organización que "custodie los accesos para evitar la entrada accidental de personas ajenas" al mencionado evento.

Pero hay más. Al solicitar a una técnico del ente público que mostrara la documentación relativa a la montería, los guardias comprueban que la fecha de autorización de la misma "era para el domingo 15 de febrero de 2009 -los hechos relatados sucedieron el día anterior-". Preguntada por dicha irregularidad, la empleada de Egmasa lo atribuye a un "error tipográfico". Como también calificó de "error" de la organización el no haber colocado las preceptivas señales e interpretó que "la autorización de una montería habilita la instalación temporal dentro del parque natural de mesas, sillas o cocina portátil".

Un permiso nunca condecido

El problema es que, según el acta redactada por los agentes de la Guardia Civil, ni existía tal permiso, al menos no para el día que se celebró, ni estaba autorizado el fuego dentro del parque natural. Entretanto, la patrulla se desplazó hasta el punto de reunión de los asistentes con objeto de identificarlos y comprobar que su documentación y sus armas se encontraban en regla e inspeccionar las rehalas puesto que "se hallaron varios perros sueltos sin nadie que los controlara".

Durante la aplicación de los habituales protocolos para tal fin, los agentes hacen constar la reacción bravucona y malencarada de algunos de los asistentes, uno de los cuales llegó a espetar a un miembro de la patrulla: "Inspeccióname lo que quieras, os estáis pasando de la raya y yo sé lo que me digo".

A otro de los cazadores se le requisó un arma, oculta bajo una manta en el maletero de su vehículo, "por no mantenerla bajo custodia -una supuesta infracción a la Ley 8/2003 de Flora y Fauna-". El afectado se negó a firmar el recibo en el que se detallaban los motivos de la retirada, alegando que todo era mentira. De hecho, presentó luego una denuncia contra los agentes. La actividad cinegética fue suspendida pero 40 minutos después el sonido de las armas de fuego aún se escuchaba.

Hay que recordar que el presidente de Egmasa es uno de los interrogados por la Guardia Civil en el caso de urbanismo irregular de Chiclana.

Tres denuncias presentadas

La Guardia Civil presentó vinculadas a esta montería tres denuncias de oficio contra Egmasa en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Una, por la instalación de mobiliario y de un camión de catering y la existencia de hogueras en zona que carecía de los medios necesarios para tal celebración, lo que supondría una infracción a la Ley 8/2003 de 28 de octubre sobre la Conservación de la Flora y Fauna Silvestre. Además del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural.

Otra, porque, según el documento presentado a los agentes por una técnico de Egmasa, la actividad cinegética carecería de autorización en la fecha en la que tuvo lugar, lo que contravendría también la misma normativa.

Y, una última, por la falta de señalización, con el agravante de que los guardias tuvieron que alejar de la zona a numerosos turistas. Corresponde a Medio Ambiente mover ficha y decidir si abre o no expediente.

Dos precedentes


El día 13 de enero de 1990 se desarrolló en las fincas propiedad del IARA denominadas Las Cuqueras, Navas y El Berrocal, una montería en la que participaron altos directivos del organismo y organizada por éste. Participaron, igualmente, 25 vecinos de dicho municipio, cuya alcaldía complementó la aportación económica necesaria para tal evento.

En el balance final de la ]ornada de “caza”, debemos incluir unas 140 ciervas, la mayoría de las cuales se encontraban en etapa de media gestación. Esta actuación infringió las normas de protección para la caza mayor recogidas en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de fecha de 9 de junio, relativa a los periodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para la campaña 1989-1990.

Como consecuencia de estos hechos, el presidente del IARA, Francisco Vázquez Sell tuvo que dimitir.

Por otra parte, en 1997, Agentes de la Guardia Civil adscritos al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) presentaron en los juzgados una denuncia por caza furtiva y tenencia ilícita de armas contra cuatro altos cargos del PSOE andaluz, a los que sorprendieron cuando cazaban ilegalmente en una finca jienense, La peculiaridad del caso radicaba en el cargo que ocupaban las cuatro personas acusadas de un presunto delito de caza ilegal, ya que dos de ellos eran los responsables directos de la Junta de Andalucía en la lucha contra los furtivos.

En concreto, se trata del delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Jaén, Rafael de la Cruz; el jefe de servicio del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) en Jaén, Francisco Torres; el diputado andaluz y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Juan Torres (hermano del anterior); y José Pliego, diputado nacional y vicesecretario general del PSOE de este provincia

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