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El Ayuntamiento valla la calle donde está el Archivo mientras la Junta anuncia medidas penales

Operarios del Ayuntamiento de Salamanca procedieron a primeras horas de la mañana al vallado de la calle Gibraltar de la capital charra, donde se encuentra el Colegio de San Ambrosio, sede del Archivo de la Guerra Civil. El portavoz municipal, Fernando Rodríguez, dijo que "no queremos llegar a lo que dijo Málaga", en alusión a Jesús Málaga, alcalde del PSOE en 1995 y hoy subdelegado del Gobierno en la ciudad, "de que si se llevaban documentos, sería con violencia”.

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L D (EFE) El concejal salmantino indicó que las vallas colocadas en toda la vía, con sólo dos carriles libres para el acceso al Archivo y al Museo de la Casa Lis, se deben a que "los servicios técnicos de mantenimiento han detectado que en esta calle hay losas que se mueven y por lo tanto están ejerciendo su deber de proteger al ciudadano". Según el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, los operarios "están desarrollando lo que son sus competencias".

Asimismo negó que la colocación de estas vallas se deba a otro tipo de cuestiones, en referencia a la protección de los papeles del Archivo, reclamados por la Generalidad de Cataluña. No obstante, el portavoz admitió que se están planteando acciones para evitar la salida de fondos, aunque "no queremos llegar a lo que dijo Málaga", en alusión a Jesús Málaga, alcalde del PSOE en 1995 y hoy subdelegado del Gobierno en la ciudad, "de que si se llevaban documentos, sería con violencia. No estamos dispuestos a caer en el abismo, pero sí a quedarnos en el borde".

Por otra parte, la Junta de Castilla y León está estudiando si la decisión del Ministerio de Cultura supone una "prevaricación". Así lo señaló este miércoles en Soria, en declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz. Ruiz indicó que "puede caber" la vía penal, ya que "cabría pensar que estamos ante uno de los supuestos de la prevaricación".

No obstante, la vicepresidenta prefirió esperar a que se pronuncien los servicios jurídicos de la Junta. María Jesús Ruiz advirtió al Gobierno que el dictamen de la comisión de expertos "no sirve en sí mismo" y exigió que explique "qué instrumento utilizará para que se materialice", si será un acuerdo del Consejo de Ministros o una orden ministerial. "La Junta esperará que se materialice esa decisión para defender con todos los instrumentos legales y jurídicos algo que está siendo moneda de cambio y que los que hoy lo defienden, salían a la calle hace tres años pidiendo la unidad del Archivo", señaló Ruiz. La portavoz acusó al Gobierno de practicar "una política partidista y fuera del sentido común".
 
Y mientras se suceden estos acontecimientos, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, dice que con su decisión “el Gobierno cierra un conflicto” abierto desde hace más de 20 años. “Una sociedad plural permite todo tipo de posicionamientos”, dijo, y añadió que “los rigores del Estado de Derecho colocan a cada uno en su sitio” y cada uno “hará lo que tenga que hacer, definido por el reparto de competencias”. Sobre el anuncio de medidas judiciales contra la decisión del Gobierno, Calvo dijo que “no supone una amenaza, sino un derecho” y anunció que darían “contestación jurídica a lo jurídico y política a lo político”.

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