L D (Agencias) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó al término de la reunión del Consejo de Ministros, celebrado en Mérida, la aprobación del trasvase de 82 hectómetros cúbicos desde los embalses de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura para los meses de julio a septiembre. De esa cantidad, 39 se destinarán a abastecimiento y 43 a regadíos.
La decisión adoptada por el Consejo de Ministros corresponde habitualmente a la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, aunque en esta ocasión ha pasado a ser competencia directa del Ejecutivo ante la situación excepcional de escasez de agua.
La decisión adoptada por el Consejo de Ministros corresponde habitualmente a la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, aunque en esta ocasión ha pasado a ser competencia directa del Ejecutivo ante la situación excepcional de escasez de agua.
Murcia y Castilla-La Mancha, en desacuerdo
La medida no convence a la región de Murcia. Su presidente, Ramón Luis Valcárcel, ya había advertido a Zapatero que podría suponer un delito ecológico poner en peligro el arbolado de la Región con la aprobación de un desembalse del Tajo al Segura inferior a lo que reclaman los regantes.
Tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, la calificó de "absolutamente decepcionante e insolidaria". A su juicio, supone un "ataque frontal" a la región.
Fernando de la Cierva subrayó en rueda de prensa que el Ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel adoptará "las medidas que estén en su mano, de carácter político, económico y legal" para defender los intereses de los regantes murcianos, y comprometió la presencia del Gobierno en movilizaciones que pudieran celebrarse contra esta decisión, "siempre que las convoque la sociedad".
Fernando de la Cierva subrayó en rueda de prensa que el Ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel adoptará "las medidas que estén en su mano, de carácter político, económico y legal" para defender los intereses de los regantes murcianos, y comprometió la presencia del Gobierno en movilizaciones que pudieran celebrarse contra esta decisión, "siempre que las convoque la sociedad".
Al Gobierno de Castilla-La Mancha tampoco le convence la medida. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Máximo Díaz-Cano, tildó de "irresponsable" y de "desmesurada" la decisión. Advirtió de que esta medida "puede solucionar el problema de unos regantes pero pone en riesgo el abastecimiento de tres millones de españoles que beben agua del Tajo". Insistió en que la decisión es "imprudente" y anunció que en los próximos días se decidirá si el Gobierno manchego presenta recurso "jurídico o político".