El fiscal por su parte, pidió la confirmación de cada uno de los autos de prisión dictados por el juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, que investiga la causa. Argumentó la existencia de riesgo de fuga y el peligro de ocultación de pruebas –cosa que fue negado por los abogados-, y dijo que los imputados mantuvieron "una trama de guante blanco", para lo que se prevalieron de su condición de concejales.
El representante del ministerio público explicó que los ediles actuaron "al margen de la ley" con el objetivo de obtener "pingües beneficios". "No son pardillos a los que se les encuentra un arma en su casa", señaló el fiscal, quien reiteró la necesidad de mantener la situación de los encarcelados para garantizar su presencia en el proceso y por existir "pruebas ciertas" de que recibieron distintas cantidades de dinero, según el caso.
Los abogados, por su parte, consideraron que existe "falta" de pruebas, que los autos no están argumentados de forma individualizada y que los imputados seguían una "disciplina de partido". En este punto, el fiscal señaló que el recibir dinero no puede enmarcarse dentro de esa disciplina, sino que "es un soborno", y que "puede sorprender recibir un primer sobre", pero no tenerlos "de forma reiterada".
Los letrados hablaron de "agravio comparativo" y señalaron que en este proceso se "ha roto" el principio de igualdad respecto a los otros imputados que se encuentran en libertad, supuestamente, "por colaborar" con la justicia o confesar; por lo que estimaron que "existe la posibilidad de que se esté utilizando la prisión para fines distintos de los que marca la ley". Así, uno de los letrados apuntó que "la confesión no puede suponer un premio" y recordaron que los empresarios o promotores, que fueron "los que presuntamente insuflaron el dinero", se encuentran en libertad tras pagar la fianza fijada por el instructor del caso.
En este sentido, el fiscal precisó que la mera confesión "no es suficiente" para que se dicte prisión incondicional, "al menos para la Fiscalía", y recordó que en el caso de Manciles, su propio abogado dijo en la vista de este martes que habría reconocido el cobro de dinero "y está en prisión".La operación "Malaya" comenzó el pasado 29 de marzo y supuso ya la presunta implicación de 63 personas, de las que 23 permanecen encarceladas, entre ellas los dos últimos ex alcaldes de Marbella, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, y una decena de ex concejales de este Ayuntamiento, además de empresarios o abogados.