L D (Agencias) ZP ya tiene perfiladas dos actuaciones para su regreso tras las vacaciones: abaratar el tercer penitenciario y dar papeles a los inmigrantes ilegales que acrediten poseer un permiso de trabajo. Ambas políticas, además, pueden tener puntos en común.
El despliegue informativo de este domingo en el diario El País acerca de la inmigración es sorprendente. En una entrevista, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, desgrana las intenciones del Ejecutivo en materia de extranjería. La premisa de la socialista es echar abajo cualquier actuación del anterior Gobierno. De hecho, cuando se refiere al tiempo de estancia en España necesario para que un inmigrante acceda a los papeles, es clara: los que han entrado en los últimos cuatro años, los que han “sufrido esa mala gestión” . Eso sí, aclara Rumí, siempre que demuestren una “relación fehaciente con el mercado laboral”.
En definitiva, el objetivo es "resolver la situación de muchas personas que se encuentran aquí en situaciones que hemos heredado y a las que el Gobierno anterior no dio respuesta". "No va a resolver –matiza– la situación de los que vinieron ayer o hace tres meses". Rumí dice que el PP se limitó a las labores de vigilancia de fronteras y que “lo hizo mal”. Además, según la secretaria de Estado “no se puede culpar a Marruecos de la llegada de pateras” porque están “cumpliendo todos sus compromisos en materia de control y repatriación”. Cree también que “no hay avalancha porque el año pasado la situación era ligeramente peor”. Rumí tiene claro que las críticas son una cortina de humo del PP “para desviar la atención de los problemas que existen dentro del partido”.
En declaraciones posteriores a la agencia Europa Press, Consuelo Rumí dice que la medida afectará a”un número importante de personas”. Pero que la cifra final, aclara, dependerá de los empresarios y empleadores "que estén dispuestos a colaborar y a acabar" con la economía sumergida.
Anticipándose a las críticas, Rumí dice que el verdadero "efecto llamada" sobre la inmigración ilegal lo tiene la economía sumergida y la inmigración laboral "es una necesidad" en España. "Queremos hacer emerger la economía sumergida, que tiene como primera víctima al inmigrante, que no tiene contrato en regla, no está dado de alta, no cotiza, no paga impuestos y no colabora al enriquecimiento del país". También dice que el Ejecutivo arbitrará "todas las garantías" para que este proceso de regularización se lleve a cabo "sin especulaciones, sin compras de contratos y sin enriquecimientos de las mafias".
Según Rumí, "quien va a decidir qué número de personas se va a acoger son los empleadores y los empresarios que estén dispuestos, de acuerdo con el Gobierno, a acabar con una situación de economía sumergida". Adelantó que estos empresarios "están de acuerdo en colaborar con el Gobierno porque quieren a esos trabajadores y los necesitan, y no han podido normalizar su situación porque antes no se les ha permitido".
En la entrevista con El País, Rumío se escandaliza de las acusaciones de silencio administrativo para regularizar inmigrantes ya que, en su opinión, "el anterior Gobierno aplicó este sistema a más de 300.000 inmigrantes".