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LAS SEYCHELLES IMPIDEN EL EMBARQUE DE ARMAS

El Gobierno incumple lo pactado con los armadores para proteger a los atuneros

Según ABC, la protección de los pesqueros está sufriendo graves dificultades. El Gobierno no está cumpliendo los acuerdos con los armadores para sufragar parte de la seguridad privada, y las Seychelles no autorizan el embarque de armas de gran calibre, vitales para mantener a raya a los piratas.

El Gobierno está incumpliendo sus promesas respecto a la seguridad de los atuneros en el Índico. En primer lugar, la orden aprobada el 31 de octubre en el Consejo de Ministros, y que modificaba de forma imprescindible el reglamento de seguridad privada para poder utilizar fusiles y ametralladoras para poder hacer frente a los piratas, está atravesando dificultades.

La última de ellas, dice ABC, es que las autoridades de las Seychelles, donde atracan los atuneros, no autoriza el embarque de armas del calibre 12,70, necesarias para mantener distancias de 1.500 metros entre los piratas y los barcos españoles. Sólo autorizan fusiles del calibre 7,62, que no ofrecen las mismas garantías.

Además, a pesar de que el Gobierno se comprometió a pagar los gastos del embarque de la seguridad privada (afrontando el 25% de los gastos de embarque de la seguridad privada, y repartiendo otro 25% entre las Comunidades autónomas y el cincuenta restante a los armadores), la promesa no ha sido cumplida. Chacón hizo el anuncio el pasado 28 de octubre el Congreso, expone ABC, pero las ayudas no llegan.

La ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Elena Espinosa, podría reunirse con el sector para concretar términos. Pero ante la carencia de información, el sector ha decidido aumentar la presión y dirigirse en su lugar a Maria Teresa Fernández de la Vega, dice el diario.

El dinero no llega a los armadores debido a que el Gobierno tiene que hacer llegar las cantidades a través de una subvención regulada, pues si llega de forma directa, la UE podría considerarlas ilegales y catalogarlas como ayudas de Estado. En cuanto a las Comunidades Autónomas, expone ABC que sólo el País Vasco se ha comprometido a abonar su porcentaje, pero no Galicia.

No obstante, la compra del armamento no planteó problema alguno para el Ejecutivo. Al principio se pidió mayor margen para conseguir el equipamiento, y se barajó la posibilidad de que el Ejército cediera las armas. Pero los suministradores consiguieron éstas a tiempo y fueron enviadas el pasado 11 de noviembre.

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