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El Gobierno cede ante el PNV y vuelve a expoliar el archivo de Salamanca

El precio a pagar por el Gobierno para aprobar los Presupuestos comienza a hacerse visible y se vuelve a romper la unidad del archivo.

Libertad Digital
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Este miércoles por la noche el Patronato del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, el que era conocido como Archivo de la Guerra Civil de Salamanca hasta que su nombre fue cambiado por el Gobierno, aprobó un nuevo expolio del ya por sí mermado registro tras la salida de los papeles a Cataluña, según informa ABC.

Finalmente, las exigencias del PNV al Gobierno de Rodríguez Zapatero han surtido efecto. Y tras su voto favorable a los presupuestos los nacionalistas vascos han conseguido que el archivo vuelva a ser dividido y que salgan de Salamanca los documentos reclamados por el partido hacia el País Vasco. En total, se aprobó la partida de las doce primeras cajas pedidas por el PNV y nuevos documentos con destino a Cataluña. Sólo votaron en contra el alcalde de Salamanca y el representante del ejecutivo de Castilla y León.

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, convocó de "urgencia" el pasado viernes la reunión extraordinaria del Patronato para aprobar el traspaso de 40 cajas y 980 inscripciones de documentos a la Generalidad de Cataluña así como la transferencia de 12 cajas de "documentos del PNV solicitados en virtud del Real Decreto de diciembre de 2008 que regula la restitución a particulares".

Según cuenta Alberto Gutiérrez Alberca, representante de la Junta de Castilla y León, "nos convocaron el pasado viernes con urgencia" en una "señal" de que "tenían necesidad de que se aprobara este nuevo envío cuanto antes". Además, indicó al diario ABC que "no hacemos un trabajo normal, sino que simplemente nos informan de los miembros que nos amputan".

Sin embargo, existen evidentes dudas jurídicas sobre la decisión tomada por el Gobierno, tal y como ya dictaminó la Audiencia Nacional en 2008. El tribunal avaló la devolución de los papeles a Cataluña pero advirtió que esa norma no servía para los reclamantes de otros lugares de España.

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