L D (Agencias) El titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, Emili Soler, ha ordenado a los Mossos d'Esquadra el desalojo cautelar del antiguo recinto fabril de Can Ricart, donde se habían instalado los okupas procedentes de La Makabra, al entender que la "invasión usurpatoria" que protagonizaron el pasado 2 de diciembre no se realizó pacíficamente, sino con el "empleo de violencia e intimidación".
En su auto, contra el que cabe recurso, el magistrado también ordena a los Mossos d'Esquadra que identifiquen "suficientemente" a los okupas instalados en Can Ricart y que se les ponga en libertad una vez verificados sus datos. Además, "la propiedad deberá tomar las medidas oportunas para custodiar las instalaciones e impedir posteriores ocupaciones no consentidas".
Después de que el propietario del recinto y marqués de Santa Isabel, Federico Ricart, acreditase documentalmente la propiedad y de tomar declaración a los guardas jurados que custodiaban las instalaciones, el juez ha llegado a la conclusión de que los vigilantes "fueron abordados violentamente por varias personas amenazándoles de que entrarían por las buenas o por las malas, reduciéndoles en una pared e impidiéndoles actuar para evitar la invasión".
Entre tanto, según explica el auto del magistrado, "un numeroso grupo de personas que se hallaban preparadas para la acción, accedían al recinto por una de las puertas vigiladas, rompiendo seguidamente puertas y ventanas, cristales y cadenas de las naves, apoderándose y permaneciendo en ellas".
Para Soler, "la usurpación del edificio y terrenos de Can Ricart fue con empleo de violencia e intimidación por parte de las personas que accedieron a su interior sin permiso ni consentimiento del propietario". "Ha de descartarse, a la vista de todo lo actuado, que la invasión usurpatoria se produjese pacíficamente", es decir, "de forma sigilosa, paulatina y discreta". En este sentido, el juez recuerda la "usurpación" de los cuarteles militares del barrio barcelonés de Sant Andreu, propiedad del Ministerio de Defensa, un caso tramitado por él mismo. "En aquella ocasión, el desalojo se produjo en la vía civil, que no penal, pues la usurpación había sido pacífica y silenciosa, sin causar daños", explica el auto.
Los okupas "urdieron artimañas"
Según el magistrado, además, el día de la ocupación de Can Ricart "se urdieron por los usurpadores y/o sus cómplices artimañas como simular o provocar la celebración de una fiesta en el interior para facilitar el acceso de los usurpadores a su interior y debilitar la vigilancia y defensa a que estaba sometido el recinto", cuyas instalaciones "se hallaban perfectamente cerradas, cercadas y custodiadas las veinticuatro horas del día, una muestra del no abandono por parte del propietario".
"Hay que preguntarse, señala el juez, quiénes son los usurpadores que aún permanecen en su interior y con qué título que no sea la acción directa pueden disponer de unos locales sin autorización del propietario ni de los vigilantes jurados de servicio para entrar en el recinto, destrozar puertas y ventanas y organizar fiestas y algaradas en su interior que, penalmente, no hacen otra cosa que acreditar aún más su voluntad de permanencia en el interior contra la voluntad del propietario".
"Temor" y "alarma social"
En su auto, el magistrado alega también que "las manifestaciones públicas, realizadas, tanto en el lugar de los hechos como en días posteriores anunciando con trompetería el éxito de la ocupación" causan "temor en la víctima, pero también alarma social en la población, por lo que tiene de indefensión en este tipo de ataques contra el patrimonio ajeno, por lo que existe una permanente intimidación mientras dura la usurpación de un bien privado o público en la forma descrita".
Este "temor", según el juez instructor, "no finaliza en la ocupación de los terrenos dichos, sino que se presenta como una actitud que desprende algún elemento de desafío y enfrentamiento permanente con los poderes públicos del Estado, llegando a proclamarse públicamente que tras un desalojo se incita al colectivo a proceder a una nueva ocupación", lo que indica que "la existencia de intimidación moral favorece y extiende las actitudes de invasión/usurpación de inmuebles obsoletos".
Fernández Díaz: "El juez ha enmendado la plana del tripartito"
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, defendió la "contundencia judicial". Fernández Díaz dijo que "el juez ha enmendado la plana del tripartito" y consideró que "frente a la permisividad municipal se ha actuado con contundencia judicial para hacer cumplir las leyes".
En su opinión, "Can Ricart fue una ocupación ilegal con protección policial" y "de haber actuado sin complejos no se habría producido la ocupación", por lo que reclamó al Ayuntamiento y a la Generalidad que "hagan cumplir las leyes y no tener que recurrir al juez para hacerlas cumplir". Para Fernández Díaz, "hay que seguir desocupando Barcelona de okupas" porque "la ocupación no es una forma de vivir sino de vagar".