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Estalla el caso Almonte: urbanismo salvaje del PSOE de Andalucía

Un informe de Fiscalización presentado en el Parlamento Andaluz ha puesto de manifiesto como en la localidad onubense de Almonte se han producido diversas irregularidades urbanísticas cometidas por la corporación socialista.

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LD (Pedro de Tena) El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, presentó en el Parlamento andaluz un informe de Fiscalización de varios convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Almonte en Huelva, lugar en el que asienta en Santuario del Rocío.

Se trata de los convenios del área turística La Higuera; los supermercados MAS en Caño Guerrero; la urbanización "Cotomar"; la parcela "Burbujitas" y el picadero "Pasodoble", en Matalascañas. En ellos, la Cámara de Cuentas pone de manifiesto diversas irregularidades cometidas por la corporación socialista que confirman las denuncias del PP. Para la portavoz popular, Alicia Martínez, resulta "curioso" que haya un denominador común en todos los convenios: la presencia de miembros de la ejecutiva socialista, de ex alcaldes del PSOE y de familiares próximos, y desde luego el silencio cómplice del alcalde actual y senador del PSOE, Francisco Bella.

Añadió además que "el PGOU de Almonte es un ejemplo de urbanismo salvaje que practica el PSOE: recalificaciones a la carta, saturación de los núcleos de población, abandono de los sistemas generales de servicios públicos comunes, y construcción de los espacios libres" e instó este miércoles al gobierno de Chaves a que "rectifique" su política de "mirar para otro lado" con el Ayuntamiento de Almonte, se revise la aprobación del PGOU, que contiene "irregularidades manifiestas" y se "revoquen los convenios a favor de un urbanismo sostenible al servicio de los ciudadanos".

Las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas

En el caso del convenio del Área turística La Higuera, se trata de 250 hectáreas de suelo rústico que pasan a uso turístico, hotelero y residencial. Para el PP, ya resultó "altamente sospechoso" que una inmobiliaria comprase en 1998 una finca de higueras de 250 hectáreas de uso totalmente agrícola. Es muy probable que si en mayo de 2001 se presentó el primer avance del PGOU, en 1998 se pudiese manejar esta información, o bien, fuese una propuesta realizada por esta empresa.

La norma es que en los convenios se asegure la ejecución de los sistemas generales que afectan al área, es decir la urbanización y vías de enlace a las existentes. En este caso el ayuntamiento desvincula a los propietarios de la ejecución, a cambio de 8,5 millones de euros para que la administración pueda ejecutarlos.

De igual forma el ayuntamiento acuerda la cesión en metálico del aprovechamiento urbanístico, siendo el sistema de cálculos para las valoraciones de las cesiones y aprovechamiento con criterios distintos que para el resto de convenios.

En el caso de los Supermercados MAS en Caño Guerrero, se pretenden hacer 44 Apartamentos turísticos en primera línea de playa sobre el supermercado MAS en 2 Plantas. Así, pese a que en el anterior PGOU se prohibió mediante una Modificación Puntual los apartamentos turísticos, los cambios para la aprobación definitiva del PGOU rompen con la Carta por la Sostenibilidad, firmada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía y, en julio de 2006, se firma definitivamente el convenio.

En el convenio del Sector G con la entidad "Urbanización COTOMAR", consecuencia del anterior, el ayuntamiento negocia la retirada de un recurso contra el convenio del supermercado MAS, y accede a la calificación de apartamentos turísticos, a cambio sólo de una parcela de Espacios Libres de 15.000 m2 que ya eran espacios libres. Choca que no haya en este caso ninguna compensación económica, pero sí la retirada del Recurso.

Por último, en el convenio de la Parcela "Burbujitas" y Picadero "El Pasodoble" en Matalascañas; la parcela "Burbujitas" era deportivo-recreativo con una ocupación de suelo del 2 por ciento y pasa a uso comercial y aparcamientos subterráneos con el 56 por ciento de ocupación.

La parcela del Picadero del ayuntamiento decreta el cierre y se pasa a dotación de áreas libres que es la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico.

Por todo ello:

Se incumple la Ley de Bienes de las Entidades Locales que obliga a llevar un Registro exhaustivo del Patrimonio Municipal del Suelo.

• El gobierno local compra parcelas para incorporar al Patrimonio de Suelo incumpliendo la Ley, que obliga a comprar en concurso público.

Además todas las parcelas que compra están calificadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de carácter ambiental y paisajístico, por lo que no se debería haber financiado con recursos del Patrimonio Municipal de Suelo porque no podrán cumplir los fines que la ley les marca ( construcción de viviendas protegidas)

• El Ayuntamiento destina parte de los ingresos de Convenios a rehabilitar zonas degradadas, estableciendo la Ley el límite del 25% del PMS, cosa que no se puede determinar al no tener el municipio una contabilización efectiva del PMS.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprueba Inicialmente la revisión del Plan en septiembre de 2006 y definitivamente el 28 de Marzo de 2007. Por lo tanto en cuanto a las competencias de la Junta de Andalucía, es claro que las ha ejercido bendiciendo todas las recalificaciones que hemos aludido.

Más convenios pendientes de auditoría por la Cámara de Cuentas

Además, la portavoz del PP hizo referencia a otros dos convenios firmados por el Ayuntamiento y aún no auditados por la Cámara de Cuentas. Se trata de convenio Golf Dunas Doñana, por el que se recalifica una parcela deportivo recreativa a ser de uso hotelero de cuatro estrellas para 60 habitaciones; y del convenio Merzuga Hoteles, en el que una parcela deportiva-recreativa se recalifica para uso hotelero de cuatro estrellas y 100 habitaciones.

El PP considera que todos estos “antecedentes” guardan una relación directa con el escándalo denunciado por el Fiscal Jefe de la Audiencia de Huelva contra el teniente de alcalde y el secretario del Ayuntamiento, propietarios de una finca rústica que pretenden recalificar a industrial.

Martínez recordó que tras la denuncia del PP, renunciaron al convenio pero en su declaración como imputados el día 12 de febrero, declaran que si bien renunciaron al convenio van a tramitar una modificación puntual.

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