Así, la solicitud de la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, formará parte del orden del día de la reunión ordinaria de los 18 miembros que componen el máximo órgano de la Sala de lo Penal, el día 20.
Negrín Fetter solicitó la abstención de los diez magistrados, entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, al entender que actuaron sin la debida imparcialidad porque la paralización de las exhumaciones, que acordaron a petición de la Fiscalía, se adoptó sin escuchar al resto de partes personadas en la causa.
Además de Gómez Bermúdez, los magistrados que son objeto de la petición de abstención son los presidentes de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás; Tercera, Alfonso Guevara; y Cuarta, Ángela Murillo; y los miembros de la Sala Nicolás Poveda, Ángel Hurtado, Julio de Diego, José Ricardo de Prada, Guillermo Ruiz Polanco y Juan Francisco Martell.
Por su parte, Teresa Palacios, Manuela Fernández de Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez dictaron un voto particular discrepante en el que alegaban que la medida cautelar sólo podía haberse adoptado en contestación a un recurso y no como resultado del incidente de competencia. A la reunión en la que se acordó esta medida no acudieron los jueces Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Enrique López.
Una posible querella por prevaricación
La nieta de Negrín también solicitó a la Audiencia Nacional, a través de un recurso de súplica, los nombres de los magistrados que participaron en este Pleno con la intención de presentar una querella en su contra por prevaricación, así como los correspondientes al fiscal que solicitó la medida cautelar.
En este caso, argumentaba que los jueces podrían haber tomado "una resolución injusta" porque su decisión "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión". El recurso, firmado por el abogado Juan Enrique Garcés, añadía que la resolución se adoptó "sin información previa a las partes".
Además, Garcés presentó el pasado 27 de octubre un requerimiento solicitando la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Tribunal Supremo para el estudio del incidente de competencia contra Garzón. En este escrito instaba a la Sala de lo Penal a suspender la tramitación de la cuestión de competencia "en tanto el alto tribunal resuelve el requerimiento".