LD (Javier Lozano) El magistrado de la Audiencia Nacional, aficionado a abrir casos por todo el mundo, ha vuelto a crear una gran polémica tras solicitar al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos y actuar en consecuencia.
Sin embargo, Garzón parece haber olvidado otras sentencias emitidas por él mismo y que contradicen sus actuaciones actuales. De hecho, en el año 2000 rechazó una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional por los familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo.
En sus argumentaciones, el magistrado aceptó las tesis del fiscal de la causa, Pedro Rubira, que aseguró que cualquier posibilidad de delito había prescrito al haber pasado más de 20 años desde que se cometió. A su vez, el juez subrayó que entre 1975 y 1977 se produjeron unos indultos que "vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra Guerra Civil".
Incluso Garzón acusó a los denunciantes de "abuso del derecho" y "mala fe procesal". Tal como lo recoge Alberto Reig Tapia en su libro La Cruzada de 1936. Mito y memoria, y recogido por Wikipedia, la sentencia dice así: "Con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso [...], los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".
Quedó de este modo extinguida la búsqueda de la Justicia de los allegados de los miles de asesinados en esta localidad madrileña. Éstos habían llevado a cabo su denuncia en un contexto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional abrió un proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de los mismos crímenes que Santiago Carrillo.
Y es que la vara de medir del "juez mediático" varía dependiendo de quienes sean los supuestos asesinos o las posibles víctimas, puesto que según subrayó José Díaz Herrera en su libro, Garzón, juez o parte, el magistrado sí admitió en 2006 las querellas presentadas por familiares de muertos del bando republicano por supuestos crímenes de guerra, contradiciendo así parte de sus argumentos utilizados seis años atrás.
Baltasar Garzón ha ido siempre más allá de las fronteras españolas queriéndose convertir en el "gran defensor de los derechos humanos". Sin embargo, en esta ocasión volvió a prevalecer quiénes eran los causantes y quiénes las supuestas víctimas antes de emprender cualquier actuación.
Este protagonismo le ha hecho perseguir las dictaduras del Cono Sur, como la de Chile o Argentina, aunque, sin embargo, no admitió otras querellas contra el dictador guineano Teodoro Obiang, el cubano Fidel Castro o el nicaragüense Daniel Ortega, entre otros. Igualmente, tal y como subraya Díaz Herrera, las dictaduras comunistas de Europa del Este, en las que se realizaron importantes masacres, tampoco han sido objeto de las investigaciones del juez.
Cabe destacar que la Audiencia Nacional, gracias a la presencia de Baltasar Garzón, es el órgano que más mandatarios mundiales tiene encausados a pesar de no contar con el mandato de alguno de los organismos internacionales ni disponer de un cuerpo jurídico-doctrinal reconocido a nivel mundial como el Estatuto de Roma, por el que se regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.