LD ( Pedro de Tena ) Cortés ha indicado que por el momento los recursos con los que cuentan son unos 2.000 euros, además del alojamiento -que lo proporciona el Consistorio onubense- si bien ha confiado que algunas empresas puedan colaborar para facilitar el combustible o el vehículo de alquiler, o incluso la comida, y ha pedido la ayuda de la sociedad en general.
Ha dicho que la caravana comenzará su recorrido y "cuando se nos acaben los recursos nos volveremos con las firmas que tengamos". Cortés ha explicado además de la cadena perpetua, piden que se confeccione una lista de pederastas que sea "pública" y que pueda ser consultada por los padres.
El padre de la niña Mari Luz, Juan José Cortés, consideró hoy que todas las instituciones "deberían apoyar un cambio en la justicia para hacerla más poderosa y hacerlo al margen de la política", de forma que, según apuntó, "no se tenga que esperar para hacerlo cuatro años". "Si el sistema no tiene hoy capacidad para hacer que un maltratador respete una orden de alejamiento, no la habrá para proteger a los niños, por eso creo que lo mejor es poder protegerlos desde su entorno más cercano", ha añadido. Su primer objetivo es lograr las 500.000 firmas para que el debate social se traslade al Parlamento.
En rueda de prensa en la Plaza Rosa donde reside la familia y de donde la niña de cinco años desapareció el 13 de enero, hallándose su cadáver 54 días después, Juan José Cortés confió en lograr este cambio para "garantizar la seguridad de los niños" y para lo que, mañana miércoles con toda seguridad, la familia, acompañada por la asociación Nuevo Drom, iniciará una campaña por toda España para pedir la cadena perpetua para los pederastas asesinos y el acceso a las listas de este tipo de delincuentes para todos los padres.
A su juicio, "hay un debate en la sociedad que debe trasladarse al Parlamento para que se aprueben, sin que haya que esperar, cambios en la justicia porque hay muchas cosas en España que hay que modificar y ni yo ni mi hija entendemos de política, lo único que entendemos es que ella pagó con su vida".
Cortés reconoció que, a pesar de los tres millones de firmas que la familia espera recoger con esta campaña, "quien tiene que cambiar las leyes es el Parlamento", pero advirtió de que, "si éste no lo hace, la responsabilidad de que se repita el caso de Mari Luz la tendrán las personas que no han permitido que esto cambie para tener una justicia más justa, más poderosa y más contundente con personas que no tienen que estar libres en la sociedad".
Para el padre de Mari Luz, "la cadena perpetua no tiene que significar retroceder al pasado, ya que si hay personas que no se reinsertan, no se puede permitir que la sociedad sea un laboratorio para estas personas porque mi hija fue víctima de un proyecto de reinserción y de los errores judiciales, cuando se sabe que la reinserción no es posible en determinados casos y los ciudadanos lo que quieren es más seguridad", tras lo que lamentó que "sufran los inocentes porque parece que los asesinos tienen más derechos y protección que los buenos ciudadanos y los niños inocentes".
En este sentido, también reclamó que se ponga en marcha un protocolo de actuación ante la desaparición de niños, de forma que "no haya que esperar 24 horas para buscarlos", al margen de que destacó que "hay muchas cosas que cambiar, ya que no se entiende que haya un superávit y no se invierta en arreglar la situación judicial, fortalecerla e intentar que las cosas funcionen".
De la misma forma, confió en que los errores judiciales que permitieron que el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, estuviese en libertad pese a tener una condena por abusos contra su propia hija, "no se queden en una simple sanción porque sería un dolor muy grande", por lo que esperó que "no se haga la vista gorda y que a nadie le tiemble el pulso a la hora de depurar responsabilidades porque yo he perdido a mi hija, con lo que hay que llegar hasta donde sea necesario, porque así lo prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado ha decidido archivar las diligencias de inspección abiertas a raíz de la investigación puesta en marcha a instancias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en la tramitación de la ejecutoria contra Santiago del Valle --el presunto asesino de Mari Luz-- por abusos sexuales a su hija, al concluir que "no se desprenden indicios de una actuación del Ministerio Público que puedan ser objeto de reproche disciplinario".
La Fiscalía achaca los errores judiciales a la "demora" en la resolución de la apelación del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla por parte de la Audiencia Provincial --que tardó varios años en resolver--, así como al "retraso" en la ejecución efectiva de la sentencia por parte del propio juzgado. De otro lado, la Fiscalía General del Estado también ha argumentado su decisión al tener en cuenta las circunstancias derivadas de la ausencia de un sistema de intercomunicación entre juzgados, o entre éstos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que impide que un requisitoriado por el juzgado pueda estar, "al propio tiempo e impunemente", realizando presentaciones 'apud acta' en otro juzgado.
Asimismo, el Ministerio Fiscal asegura que se opuso al criterio del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla de conceder la remisión condicional de la pena privativa de libertad a Del Valle por abusos sexuales; actuación que, según precisaron las mismas fuentes, no fue notificada a la Fiscalía.
Por todo ello, la Fiscalía, que puso un marcha una investigación solicitada por CGPJ por si sus funcionarios pudieran haber incurrido en responsabilidades disciplinarias, ha archivado las citadas diligencias al estimar que la actuación de la Fiscalía sevillana no fue errónea.
Ha dicho que la caravana comenzará su recorrido y "cuando se nos acaben los recursos nos volveremos con las firmas que tengamos". Cortés ha explicado además de la cadena perpetua, piden que se confeccione una lista de pederastas que sea "pública" y que pueda ser consultada por los padres.
El padre de la niña Mari Luz, Juan José Cortés, consideró hoy que todas las instituciones "deberían apoyar un cambio en la justicia para hacerla más poderosa y hacerlo al margen de la política", de forma que, según apuntó, "no se tenga que esperar para hacerlo cuatro años". "Si el sistema no tiene hoy capacidad para hacer que un maltratador respete una orden de alejamiento, no la habrá para proteger a los niños, por eso creo que lo mejor es poder protegerlos desde su entorno más cercano", ha añadido. Su primer objetivo es lograr las 500.000 firmas para que el debate social se traslade al Parlamento.
En rueda de prensa en la Plaza Rosa donde reside la familia y de donde la niña de cinco años desapareció el 13 de enero, hallándose su cadáver 54 días después, Juan José Cortés confió en lograr este cambio para "garantizar la seguridad de los niños" y para lo que, mañana miércoles con toda seguridad, la familia, acompañada por la asociación Nuevo Drom, iniciará una campaña por toda España para pedir la cadena perpetua para los pederastas asesinos y el acceso a las listas de este tipo de delincuentes para todos los padres.
A su juicio, "hay un debate en la sociedad que debe trasladarse al Parlamento para que se aprueben, sin que haya que esperar, cambios en la justicia porque hay muchas cosas en España que hay que modificar y ni yo ni mi hija entendemos de política, lo único que entendemos es que ella pagó con su vida".
Cortés reconoció que, a pesar de los tres millones de firmas que la familia espera recoger con esta campaña, "quien tiene que cambiar las leyes es el Parlamento", pero advirtió de que, "si éste no lo hace, la responsabilidad de que se repita el caso de Mari Luz la tendrán las personas que no han permitido que esto cambie para tener una justicia más justa, más poderosa y más contundente con personas que no tienen que estar libres en la sociedad".
Para el padre de Mari Luz, "la cadena perpetua no tiene que significar retroceder al pasado, ya que si hay personas que no se reinsertan, no se puede permitir que la sociedad sea un laboratorio para estas personas porque mi hija fue víctima de un proyecto de reinserción y de los errores judiciales, cuando se sabe que la reinserción no es posible en determinados casos y los ciudadanos lo que quieren es más seguridad", tras lo que lamentó que "sufran los inocentes porque parece que los asesinos tienen más derechos y protección que los buenos ciudadanos y los niños inocentes".
En este sentido, también reclamó que se ponga en marcha un protocolo de actuación ante la desaparición de niños, de forma que "no haya que esperar 24 horas para buscarlos", al margen de que destacó que "hay muchas cosas que cambiar, ya que no se entiende que haya un superávit y no se invierta en arreglar la situación judicial, fortalecerla e intentar que las cosas funcionen".
De la misma forma, confió en que los errores judiciales que permitieron que el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, estuviese en libertad pese a tener una condena por abusos contra su propia hija, "no se queden en una simple sanción porque sería un dolor muy grande", por lo que esperó que "no se haga la vista gorda y que a nadie le tiemble el pulso a la hora de depurar responsabilidades porque yo he perdido a mi hija, con lo que hay que llegar hasta donde sea necesario, porque así lo prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado ha decidido archivar las diligencias de inspección abiertas a raíz de la investigación puesta en marcha a instancias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en la tramitación de la ejecutoria contra Santiago del Valle --el presunto asesino de Mari Luz-- por abusos sexuales a su hija, al concluir que "no se desprenden indicios de una actuación del Ministerio Público que puedan ser objeto de reproche disciplinario".
La Fiscalía achaca los errores judiciales a la "demora" en la resolución de la apelación del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla por parte de la Audiencia Provincial --que tardó varios años en resolver--, así como al "retraso" en la ejecución efectiva de la sentencia por parte del propio juzgado. De otro lado, la Fiscalía General del Estado también ha argumentado su decisión al tener en cuenta las circunstancias derivadas de la ausencia de un sistema de intercomunicación entre juzgados, o entre éstos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que impide que un requisitoriado por el juzgado pueda estar, "al propio tiempo e impunemente", realizando presentaciones 'apud acta' en otro juzgado.
Asimismo, el Ministerio Fiscal asegura que se opuso al criterio del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla de conceder la remisión condicional de la pena privativa de libertad a Del Valle por abusos sexuales; actuación que, según precisaron las mismas fuentes, no fue notificada a la Fiscalía.
Por todo ello, la Fiscalía, que puso un marcha una investigación solicitada por CGPJ por si sus funcionarios pudieran haber incurrido en responsabilidades disciplinarias, ha archivado las citadas diligencias al estimar que la actuación de la Fiscalía sevillana no fue errónea.