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La Generalidad sancionó durante 2007 a 83 comercios por no rotular en catalán

La política de vigilancia y control de la Generalidad de Cataluña para conseguir un uso exclusivo del catalán en los comercios se ha traducido en la sanción a 83 establecimientos por no utilizar esta lengua en sus negocios durante 2007. En total, el Ejecutivo ha ingresado más de 16.000 euros por estas sanciones, la mayoría impuestas a establecimientos minoristas.

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La política de vigilancia y control de la Generalidad de Cataluña para conseguir un uso exclusivo del catalán en los comercios se ha traducido en la sanción a 83 establecimientos por no utilizar esta lengua en sus negocios durante 2007. En total, el Ejecutivo ha ingresado más de 16.000 euros por estas sanciones, la mayoría impuestas a establecimientos minoristas.

LD (Europa Press) La Generalidad sancionó a 83 establecimientos comerciales por no rotular en 2007 en catalán e ingresó 16.250 euros por estas multas, según informó el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo, Miquel Salazar, en una respuesta parlamentaria al presidente del PP en la cámara, Daniel Sirera.

En total, la Agencia Catalana del Consumo sancionó el año pasado a 733 establecimientos comerciales. Ello significa que las multas por no rotular en catalán fueron el 11,32 por ciento de las sanciones expedidas. Además, hay 55 establecimientos con expedientes en fase de tramitación o de propuesta de sanción por no rotular en catalán, lengua cooficial en la comunidad. De todos estos expedientes, 40 se han abierto por denuncias.

La mayoría de multas se impusieron a establecimientos dedicados al comercio minorista (30), seguidos de los dedicados a los servicios (27), vivienda (11), transportes (7), telecomunicaciones (5) y grandes superficies (3). Sobre el importe recaudado por sanciones en materia lingüística, por las multas a los establecimientos dedicados al comercio minorista, la Generalidad recaudó 7.100 euros; por los dedicados a los servicios, 5.550, y por los dedicados al transporte, 1.200.

Las grandes superficies, las inmobiliarias y los establecimientos del sector de las telecomunicaciones abonaron a la Generalidad 800 euros respectivamente en sanciones por incumplir la normativa. La ley de política lingüística vigente, que aprobó en 1998 el Parlament, detalla en su artículo 32 que señalización, carteles fijos y documentos de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados "al menos" en catalán.

Desde el año 2003 el Gobierno catalán ha recaudado 241.475 euros por sanciones lingüísticas.

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