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La juez considera que "no es claro" que la ocupación del piso de Barcelona sea "ilegal" y "penalmente relevante"

La juez de Instrucción número 7 de Barcelona, que investiga la usurpación del piso de la calle Urgell propiedad de Carles Veiret, considera que "no es claro" que la ocupación del domicilio realizada por cuatro personas de origen chileno sea "ilegal" y "penalmente relevante", teniendo en cuenta "las circunstancias que determinaron la entrada en la vivienda". Veiret ha recuperado su domicilio este miércoles, tras forzar la nueva cerradura instalada por los cuatro ocupantes del inmueble a quienes se les imputan dos delitos, uno de usurpación de vivienda y otro de defraudación de fluido eléctrico. Ahora, la juez instructora puede continuar el procedimiento por la vía penal o archivarlo y dejar la puerta abierta a la jurisdicción civil.

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L D (Europa Press) En un auto notificado este martes al propietario del piso, la juez explica que "no se estima procedente ni necesario adoptar la medida cautelar de desalojo" solicitada por el letrado de Veiret, ya que "los ocupantes ya no residen en el inmueble en cuestión y han salido del mismo".  Por tanto, "el propietario ostenta plenos derechos sin necesidad de que por el juzgado se realice diligencia alguna de entrega de posesión para entrar en su vivienda y disponer de ella conforme a sus necesidades e intereses".
 
Según la juez, después de que los Mossos d'Esquadra realizaran el pasado lunes las comprobaciones "posibles y necesarias", "no consta –que la vivienda– esté ocupada", por lo que el propietario puede disponer de ella, "accediendo a la misma cambiando la cerradura si fuera preciso y ejerciendo todos los derechos inherentes a la propiedad que ostentan sobre la misma".
 
Así, pese a que Carles Veiret podía acceder a su piso desde la misma tarde de este martes, prefirió esperar a esta mañana para hacerlo acompañado por los medios de comunicación. El propietario acudió al inmueble junto a su hermano, su abogado y tres cerrajeros y consiguió entrar en el piso poco después de las 11 de la mañana, tras forzar durante media hora la nueva cerradura instalada por las cuatro personas que se hallaban en la vivienda.
 
Los ocupantes del domicilio entregaron el pasado jueves a la juez instructora un contrato de alquiler privado que firmaron con una mujer a la que supuestamente entregaron 1.200 euros entre la fianza y el primer mes de alquiler. El documento tenía fecha de 5 de noviembre y una vigencia de seis meses y en él constan las iniciales de la arrendataria junto a un número de DNI español, que, según fuentes de la investigación, no se corresponde con el nombre y apellido que los ocupantes dieron a la juez.
 
Fuentes judiciales explicaron a Europa Press que es posible que los ocupantes entraran en el piso varios meses antes de noviembre y afirmaron que uno de ellos había vivido allí anteriormente con un contrato legal firmado con el propietario y que pagaba el alquiler a la cuñada de Carles Veiret.
 
El abogado de Veiret, sorprendido por las consideraciones de la juez
 
El letrado del propietario, Carlos Fatás, se ha mostrado "bastante sorprendido" por que la juez considere que la ocupación podría no tener relevancia penal, ya que, a su entender, "la presencia y el mantenimiento de los cuatro ocupantes de forma ilegal y contra la voluntad del propietario dentro del piso queda perfectamente acreditada".
 
Por su parte, Veiret manifestó al entrar en la vivienda que la encontraba en "mejor estado del previsto", puesto que algunos vecinos le habían prevenido de que podía encontrarse el piso destrozado. En el interior había varios muebles y todavía quedaba alguna prenda de ropa de los ocupantes.    Tras salir a saludar a los medios de comunicación desde el balcón de la vivienda, el propietario explicó que sus "inquilinos" habían instalado varias cerraduras, "una de ellas como de seguridad", y que se habían "atrincherado", lo que, en su opinión, es una "prueba más" de que querían impedir su entrada o la de los Mossos d'Esquadra.
 
Antes de entrar en su domicilio, Veiret reclamó la presencia de una patrulla uniformada de la Policía autonómica "para evitar cualquier sorpresa, que nos encontremos droga o armas o cualquier barbaridad", pese a que la juez no había requerido la presencia policial al entender que no era necesaria, ya que la vivienda estaba desocupada. En cualquier caso, según fuentes policiales, cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano, entre ellos el jefe de la investigación, permanecían desde primera hora de la mañana frente al edificio para poder reaccionar "inmediatamente" si el propietario tenía algún problema a la hora de acceder al piso.
 
Preocupado ante posibles represalias
 
En declaraciones a los periodistas, Carles Veiret señaló su intención de reformar el piso y aseguró que no tiene "otro sitio al que ir", pese a que él y su familia son los propietarios de todo el edificio situado en el número 72 de la calle Urgell. "Podría irme de alquiler, pero no tengo dinero, así que, evidentemente, me voy a venir a mi casa y en cuanto pueda volveré a llevar la vida tranquila y anónima que llevaba", explicó.
 
El propietario se mostró preocupado ante posibles represalias, ya que "me he convertido en un personaje popular, muy a pesar mío, y cabe esa posibilidad perfectamente". "No puedo hacer otra cosa, todo el mundo sabe donde vivo y pueden encontrarme", añadió.
 
De momento, a las cuatro personas que ocuparon la vivienda –dos hombres y dos mujeres– se les imputan dos delitos, uno de usurpación de vivienda y otro de defraudación de fluido eléctrico. Ahora, la juez instructora puede continuar el procedimiento por la vía penal o archivarlo y dejar la puerta abierta a la jurisdicción civil.

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