L D (Europa Press) La Junta recurrirá la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, que obliga a retirar símbolos religiosos del colegio público Macias Picabea, al considerar que "va contra la decisión de un órgano de Gobierno" como es el Consejo Escolar del centro.
Así lo aseguró el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al término de la reunión del Consejo de Gobierno y durante su comparecencia ante los medios de comunicación, momento en el que anunció que, antes de que finalice el plazo estipulado, la Junta presentará el recurso por considerar que la decisión del juzgado de Valladolid vulnera una decisión del Consejo Escolar que, aclaró, no es un órgano "consultivo" sino de gobierno según establece la propia ley de Educación. Según consta en una sentencia del TSJCL del pasado año, el Consejo Escolar del centro ya acordó en 2005 la no procedencia de retirar los símbolos religiosos.
En este sentido, el consejero puso de manifiesto que la Junta siempre ha "apostado" y "creído" en la autonomía del Consejo Escolar ya que el Ejecutivo no es "intervencionista" y cree en la "libertad y responsabilidad" de la sociedad civil que, en este caso, está representada en el Consejo, responsable de tomar la decisión sobre la retirada o no de los símbolos religiosos.
Así, el consejero de la Presidencia y portavoz recordó que la última sentencia sobre este tema del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), de septiembre de 2007, "deja meridianamente claro" que corresponde al Consejo Escolar la decisión sobre el mantenimiento o la retirada de estos símbolos, a lo que añadió que si el Consejo decide su retirada, la Junta no intervendrá.
De Santiago-Juárez se refirió también a la polémica suscitada tras la publicación de la sentencia del juzgado de Valladolid e hizo hincapié en el cambio del contenido de las declaraciones de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien comenzó reconociendo la autonomía de cada colegio y luego, fruto de un "toque", corrigió, y a las realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien se refirió a la Junta como "Poncio" por "lavarse las manos".
A su juicio, Bermejo es el "peor" ministro de Justicia "de la historia de la democracia en España" ya que el sistema judicial "nunca estuvo tan mal", lo que en su opinión queda reflejado en la huelga de los funcionarios de justicia a primeros de año y el anunciado parón de los jueces para el próximo.
"Le encanta la confrontación y la tensión", añadió antes de cuestionar cómo el ministro se refirió a este asunto en los términos en los que lo hizo "con la que él tiene encima" y aconsejarle que dedique "más tiempo, esfuerzo y trabajo" a modernizar la justicia española, según el mandato del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Por otro lado y con las fotos de las juras de los cargos de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Mariano Fernández Bermejo de la mano, José Antonio de Santiago-Juárez pidió explicaciones sobre las "distintas condiciones constitucionales" que pudiera existir entre la pared de un colegio como el Macías Picavea de Valladolid y la mesa ante la que juran o prometen sus cargos los miembros del Gobierno, en la que se ubica un crucifijo.
"Alguien nos tiene que explicar esto", aseveró antes de reclamar que esas explicaciones lleguen "pronto", al igual que las que dan respuesta al hecho de que en todos los tribunales de España haya crucifijos. "Si el crucifijo vulnera derechos o libertades como dice la sentencia, los vulnera en todo: cuando se jura y en la pared de un colegio", añadió.
En este punto, el consejero de la Presidencia y portavoz se preguntó por el lugar hasta el que el PSOE quiere llevar la "confrontación" ya que, subrayó, la Junta no pone crucifijos en los colegios públicos de la Comunidad --desde que las competencias se transfirieron en el año 2000 no se han ubicado estos símbolos en ninguna de las 2.000 aulas de los 168 nuevos centros escolares, aclaró-- ni los retira debido, reiteró, a su "respeto" por las decisiones del Consejo Escolar.
Así y tras negar que la Junta haya "judicializado" este asunto ya que "respeta" aunque no "comparte" la sentencia, De Santiago-Juárez pidió "sentido común" para entender que, si los crucifijos llevan 30 años en la pared de algunos colegios, la Junta no lleva 30 años "vulnerando la Constitución" aunque, no obstante, invitó al estamento jurídico competente, incluido el Tribunal Constitucional, para aclarar si todos, también el PSOE en 14 años de Gobierno, han vulnerado la Carta Magna.
La polémica, en su opinión, busca "confundir" a los ciudadanos con un "debate estéril". "Si el problema de la educación en España es un crucifijo, estamos salvados", aseveró antes de recordar que, aunque existe un recurso similar interpuesto por la presencia de un crucifijo en el colegio Isabel la Católica de Valladolid, la Junta defenderá un "único criterio" para todos los colegios de la Comunidad.
Por último, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta resaltó que el Gobierno de Castilla y León está cada vez "más convencido" de que España necesita "mucha Constitución" y también "mucho sentido común" ya que, matizó, los ciudadanos quieren "sentido común" y que el sistema educativo "funcione" frente a "corsés ideológicos rancios, confrontaciones estériles y debates de bajo techo".
IU e ICV registran su propuesta
Por otra parte, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds quieren que el Congreso abra el debate sobre la aconfesionalidad del Estado porque España "ya no es un país monolíticamente católico". Por ello defienden, entre otras cosas, que se eliminen los símbolos religiosos de los edificios del Estado.
Con este objetivo, estas dos formaciones han registrado una proposición no de ley para que la Comisión Constitucional del Congreso debata sobre estas cuestiones e inste al Gobierno a "adoptar las necesarias medidas legislativas, reglamentarias o de cualquier otra índole" destinadas a "garantizar la aconfesionalidad del Estado y la inexistencia de símbolos religiosos en sus edificios".
Los grupos que firman la iniciativa recuerdan que esa ley "omite en su regulación y aplicación otras opciones de conciencia diferentes a la religiosa" y que, en cualquier caso, se redactó en un contexto histórico que ya ha sido "superado", pues España es hoy una "sociedad extendidamente plural en cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de pensamiento".
Con esta iniciativa, IU e ICV se anticipan al Gobierno que, al inicio de la presente legislatura, se comprometió a impulsar una reforma de la Ley de Libertad Religiosa para, según palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, "avanzar en la condición de laicidad" que establece la Constitución para el Estado español.
