LD (Pedro de Tena) La Consejería de Justicia ha "olvidado" incluir la existencia de estas peticiones en un informe elaborado a partir de la declaración de los funcionarios no presente en su página web. Argumenta en el mismo que el juez Tirado, además de contar con el mismo número de medios y funcionarios que los demás jueces, no había solicitado en los tres últimos años ninguna medida de refuerzo ni de horas extraordinarias. En ese informe se decidió no sancionar a ningún funcionario y no tuvo en cuenta el expediente de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz.
La Junta de Jueces penales se pronunció sobre el problema de las causas ejecutorias en un reunión que sus componentes mantuvieron el 2 de diciembre de 2003. En esa ocasión solicitaron la creación de tres nuevos juzgados de lo Penal "con dedicación exclusiva a la ejecución penal", puesto que el elevado número de estos procedimientos hacían "inviable la compatibilidad entre el número de señalamientos de juicio y de sentencias y la debida atención a las ejecutorias penales", según refleja el acta de la junta de jueces de aquella fecha.
En febrero de 2005, los jueces solicitaron la creación de un nuevo juzgado de lo Penal, con competencia exclusiva en materia de Violencia de Género, y advirtieron que este nuevo órgano -que nunca se creó- debía carecer de archivo de ejecutorias porque, en caso contrario, "atendiendo al número de ejecutorias de cada juzgado (a razón de 600 al año), la especialización sería de todo punto ilusoria, llegándose al colapso del órgano".
El 2 de noviembre de 2005, cuando la Audiencia de Sevilla aún no había confirmado la condena de dos años y nueve meses impuesta al pederasta Santiago del Valle, los jueces de Sevilla solicitaron al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia "el aumento de la plantilla de funcionarios para la tramitación" de las ejecutorias. Esta solicitud se efectuó ante el "aumento de las ejecuciones penales" a causa del número de sentencias de conformidad que se dictaban en los juzgados de Instrucción de la provincia tras la reforma legal de 2003 que potenció la celebración de juicios rápidos.
Además, los jueces pusieron de manifiesto otro de sus graves problemas: el retraso de la Administración autonómica a la hora de cubrir las bajas laborales de los funcionarios. En este sentido, los jueces solicitaron ya entonces a la delegación provincial de la Consejería de Justicia "que las bajas por enfermedad de los funcionarios sean inmediatamente cubiertas y que no se proceda al cese de los mismos hasta tanto se reincorpore el titular, pues lo contrario perjudica muy gravemente el servicio público".
Este precisamente ha sido uno de los argumentos del juez Tirado para justificar la demora en la causa ejecutoria de Santiago del Valle ya que hubo problemas de cobertura de las vacantes en el Juzgado de lo Penal número 1, del que era titular. Dos años después, en febrero de 2007, los jueces pidieron la creación de dos nuevos órganos penales ante el "notable aumento del número de ejecutorias" y trasladaron a la Junta las quejas sobre funcionarios interinos "no cualificados".