LD (Europa Press) El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado que Francisco Larrañaga, preso en Filipinas desde hace nueve años por presunto asesinato, no tuvo un juicio justo y que durante el mismo se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Filipinas es signatario.
La resolución del Comité tiene fecha del 24 de julio y ya ha sido remitida tanto al Gobierno filipino como a los abogados de Larrañaga. Ahora, Manila tiene un plazo de 90 días para informar al Comité de cómo responderá a su decisión.
La decisión de la ONU responde a la asociación 'Fair Trials Abroad' (Justicia en el Extranjero) que el 15 de agosto de 2005 decidió presentar el caso de Larrañaga ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su portavoz Sarah Mas ha explicado que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "tienen obligación de cumplirlo, pero todo el mundo sabe que la ONU no tiene Ejército ni manera de hacer cumplir las cosas". Esta organización reclamaba que la única forma de resarcir al español es ponerle en libertad, pero el Comité no hace suya esta exigencia.
El texto del Comité señala sólo que el Estado Filipino "tiene la obligación" de dar al afectado un "remedio efectivo, incluyendo la conmutación de su condena a muerte y una pronta consideración de libertad bajo fianza".
Justicia en el Extranjero ha recordado que "no existe ninguna prueba física que vincule a Paco con los supuestos crímenes", la violación y asesinato de las hermanas Chiong" Su portavoz ha recordado que "durante su juicio fue privado de los medios jurídicos necesarios para proteger a los inocentes y juzgar a los culpables, que se le prohibió declarar en su propio juicio; y que a pesar de todo esto fue condenado a morir por inyección letal".
Esperanzas de conseguir su libertad
Paco Larrañaga se encontraba en el corredor de la muerte desde 2004, pero el pasado abril la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, conmutó la pena capital a todos los condenados y en junio una nueva ley abolió la pena de muerte en el país. Sin embargo, Paco y sus abogados siguen peleando para que se reconozca su inocencia. Según, el Departamento de Justicia de la Republica de Filipinas está considerando su caso para una "clemencia ejecutiva o perdón".