L D (Europa Press) Fuentes próximas al departamento de Cultura confirmaron a Europa Press que este jueves estaba previsto un nuevo intento de visita del pazo, de propiedad privada, y que el abogado de la familia lo impidió. Sin embargo, la consejería defiende que este inmueble forma parte "del patrimonio" de Galicia, por lo que abogan por su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), y hace diez días comunicó por burofax el derecho a una inspección técnica para conocer su estado.
Precisamente, el hecho de que este jueves, al igual que en otros intentos anteriores, la familia Franco no permitiese la inspección técnica hace que la consejería de Cultura plantee la apertura de un expediente sancionador por "obstaculizar" el trabajo de los técnicos, que nuevamente no pudieron entrar.
El Pazo de Meirás, rodeado por diez hectáreas de jardines, es el centro de una polémica porque el Ayuntamiento de Sada y la Xunta promueven su declaración como BIC, una figura jurídica que obligaría a la familia a abrirlo al público para permitir visitas gratuitas al menos cuatro días cada mes.
Precisamente, la consejería de Cultura tramita desde hace más de un año la apertura del expediente para declarar el pazo como BIC, pero la familia Franco se resiste y ha aplazado en reiteradas ocasiones las visitas de los técnicos de la Xunta a la propiedad para determinar su estado.
La declaración BIC obligaría, además de su apertura al público un mínimo de cuatro días al mes, a adoptar medidas de conservación y protección del pazo y sus jardines. Asimismo, otorga a la Xunta una posición preferente, con derecho de tanteo y retracto, en caso de que la propiedad sea puesta a la venta.
El pazo de Meirás fue en su día propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán, pero en 1939 un grupo de ciudadanos de renombre promovió su compra a sus herederos y obtuvo más terrenos contiguos para ofrecérselo como regalo del pueblo al general Franco que, a partir de entonces, hizo de Meirás su residencia para las vacaciones de agosto.
La ampliación de la finca y el acondicionamiento del pazo se costeó con donaciones supuestamente voluntarias de los ciudadanos, donativos fijados previamente por las autoridades.