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"Las mujeres no nos embarazamos de lechugas sino de hijos, y perdemos hijos"

Esperanza Puente, una mujer que se arrepintió de haber abortado, ha contado este miércoles a los diputados de la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto "las secuelas físicas y psicológicas" que sufrió tras interrumpir su embarazo.

Esperanza Puente, una mujer que se arrepintió de haber abortado, ha contado este miércoles a los diputados de la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto "las secuelas físicas y psicológicas" que sufrió tras interrumpir su embarazo.
L D (Europa Press) Puente, que compareció a propuesta del PP y que ahora trabaja en la organización de apoyo a la mujer embarazada Redmadre, relató su testimonio "paso a paso" y afirmó que vivió un aborto provocado hace 13 años "en la más absoluta soledad e indefensión".
 
Así, denunció que a las mujeres que van a interrumpir su embarazo se las "informa mal a conciencia" y "nadie les cuenta las consecuencias psicológicas y físicas", como pueden ser "el síndrome post aborto o las perforaciones uterinas, los desgarros vaginales o que dejen restos en el útero de la mujer".
 
La compareciente indicó que a ella "nadie le contó nada" y que cuando terminaron de hacerle la intervención vio su "hijo de tres meses cortado en pedazos". "Las mujeres no nos embarazamos de perritos, ni de lechugas, ni de patatas. Nos embarazamos de hijos y perdemos hijos. Que no digan que no pasa nada por abortar porque no es verdad", señaló a los medios a la salida de la subcomisión.
 
Según dijo, la mujer que se queda embarazada de manera inesperada se enfrenta al abandono de la pareja, a la incomprensión de la familia, a la pérdida del puesto de trabajo o a la exclusión social. "Que los poderes públicos se impliquen, porque las mujeres no queremos abortar", enfatizó.
 
De este modo, Esperanza Puente solicitó "información completa y veraz" para las mujeres que están pensando en abortar, y que se forme a psicólogos de la Seguridad Social para que atiendan a las mujeres que sufren el síndrome post aborto.
 
"Gracias a que por fin se está debatiendo el tema del aborto, cada vez llaman más mujeres a las instituciones de ayuda para contar el sufrimiento que están viviendo después de haber sufrido un aborto hace 4, 10 ó 20 años", afirmó. Por último, destacó que, aunque algunos parlamentarios han discrepado con algunas de sus opiniones, han escuchado su testimonio desde una actitud "respetuosa".
 
"No tiene ningún sentido pensar que la nueva ley reducirá los abortos"
 
Por su parte, la presidenta de la Federación de Planificación Familiar, Isabel Serrano, abogó que se pueda abortar libremente en España hasta la que se cumplan entre 22 y 24 semanas de embarazo y, a partir de esa fecha, sólo en algunos casos concretos.
 
La especialista, propuesta por el PSOE, dijo la única manera de reducir los abortos es prevenir los embarazos no deseados, y agregó que la actual legislación "no sirve porque ha conllevado una gran agresión a muchas mujeres que han abortado".
 
Serrano avisó de que "no tiene ningún sentido pensar que la nueva ley va a reducir los abortos a corto plazo" y agregó que la educación sexual en España "está siendo absolutamente ineficaz". Además, propuso que sea constitutivo de delito "obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado, porque es una forma de violencia y de discriminación entre el hombre y la mujer".
 
"No están al mismo nivel los derechos de una mujer con los derechos de una vida en evolución", indicó Serrano, quien reclamó que se puedan practicar abortos en todas las comunidades autónomas y que se realice un registro de objetores en la sanidad pública, cuyos datos estará protegidos por la Ley de Protección de Datos.
 
A su vez, la presidente de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, pidió "regular de una vez por todas el derecho de las mujeres a decidir" y que la sanidad pública garantice las interrupciones de los embarazos de forma "libre y gratuita". "Las mujeres tenemos capacidad para decidir si queremos o no ser madres".
 
60 millones de la Comunidad de Madrid
 
Besteiro, propuesta por el PSOE, aseguró que la Comunidad de Madrid "invierte mensualmente 60 millones de euros en las clínicas privadas para que practiquen abortos" y pidió que estos 720 millones de euros anuales se dediquen a la formación sexual de los jóvenes y en hacer más accesibles los anticonceptivos.
 
Mientras, la diputada socialista Carmen Montón indicó que el crecimiento de los abortos en España evidencia "la necesidad de una reforma legislativa", y apostó por la educación, la prevención y por hacer más accesibles los anticonceptivos para reducir los embarazos no deseados.

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