LD (Víctor Gago – Enviado especial, Navacerrada, Madrid) La Comunidad de Madrid defiende una política liberal sobre inmigración, aunque admite que el coste de la integración será de 4.400 millones de euros, entre 2006 y 2008.
El nuevo consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, ha participado este domingo en última sesión lectiva del curso sobre Demografía e Inmigración, con el que se clausura la edición de este año del Campus FAES, la fundación ligada al PP de la que Lasquetty ha sido, hasta hace poco, secretario general.
Lasquetty ha expuesto datos que indican un aceptable clima de convivencia con los inmigrantes, en la Comunidad de Madrid.
Los extranjeros se distribuyen por toda la región, en vez de agruparse en guettos.
Los barómetros de opinión elaborados regularmente por el departamento del consejero Lasquetty apuntan que tanto los madrileños nativos como los inmigrantes consideran buena su convivencia.
Otro dato: la laboriosidad de los inmigrantes aporta el 10 por ciento al PIB regional, cuya riqueza y nivel de creación de empleo “serían imposibles sin su contribución”, asegura.
Esta paz social no es gratuita, para los contribuyentes. Entre 2006 y 2008, la Comunidad de Madrid movilizará 4.400 millones de euros de fondos públicos para gastarlos en servicios sanitarios o educación, entre otras prestaciones a los inmigrantes.
Lasquetty ha denunciado este domingo que de cada 100 euros de ese plan de integración, el Gobierno central aporta sólo 2,5.
Para Fernando Fernández, rector de la Universidad Antonio de Nebrija, costes como estos han vuelto insostenible el Estado del Bienestar a medio y largo plazo.
El consejero Fernández-Lasquetty ha enunciado cinco principios de la política liberal de su Gobierno para integrar a los inmigrantes: tratarlos como individuos y no como grupos; entender que son sujetos libres y racionales que toman sus propias decisiones y están capacitados para “ser agentes de su propia integración”; pensar que son capaces de labrarse su propio futuro y alcanzar la felicidad con su esfuerzo y sus méritos; partir de la base de que los inmigrantes, como los individuos en las sociedades que les acogen, prefieren la democracia y la libertad; y, por último, el principio de considerar a cada inmigrante como alguien distinto de todos los demás, alguien que, cuando hace el bien o el mal, no implica por ello a toda la comunidad a la que pertenece.