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López Aguilar espera que los jueces no se nieguen a casar gays porque "están vinculados por la ley"

El ministro de Justicia dijo este lunes que los jueces y magistrados están vinculados por la Ley, por lo que espera que no se produzcan situaciones de objeción de conciencia en este colectivo, a raíz de llamamiento realizado por el Vaticano para que no oficien bodas entre parejas homosexuales. Algunos alcaldes ya han declarado que no casarán a parejas homosexuales. Según CCOO, los funcionarios que se nieguen a celebrar matrimonios homosexuales pueden ser sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo y hasta con la separación del servicio.

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El ministro de Justicia dijo este lunes que los jueces y magistrados están vinculados por la Ley, por lo que espera que no se produzcan situaciones de objeción de conciencia en este colectivo, a raíz de llamamiento realizado por el Vaticano para que no oficien bodas entre parejas homosexuales. Algunos alcaldes ya han declarado que no casarán a parejas homosexuales. Según CCOO, los funcionarios que se nieguen a celebrar matrimonios homosexuales pueden ser sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo y hasta con la separación del servicio.
López Aguilar.
L D (Europa Press) En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, López Aguilar aseguró entender la postura de Roma, teniendo en cuenta "la cultura y la doctrina que inspira a la Iglesia Católica". Así, explicó que el Gobierno "las escucha con respeto y no busca confrontación". López Aguilar, señaló que no es la primera vez que se ha planteado la cuestión de la objeción de conciencia en la aplicación de las leyes, si bien, valoró que "afortunadamente el Estado Constitucional de Derecho ofrece respuesta, especialmente para aquellos que tienen como deber profesional principal la aplicación de las leyes que aprueba el parlamento. "Jueces y magistrados del poder judicial están vinculados por la ley y esperamos que estas situaciones no se produzcan", recalcó.
 
Respecto a la posibilidad que abre a la adopción, el ministro recuerda que "en España los homosexuales ya adoptan acogiéndose a la prohibición constitucional de que a nadie se le pregunte por su orientación sexual para poder concurrir a un procedimiento administrativo". Según explicó, se trata de cumplir de manera satisfactoria el procedimiento que garantiza la idoneidad de todas las personas que se ofrecen como candidatos para una adopción, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales que han de protegerse en este caso son los del menor y no los del adoptante.
 
El alcalde de Valladolid no casará gays
 
Mientras, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, aseguró este lunes que si la futura Ley de Parejas de Hecho reconoce su competencia a casar parejas homosexuales ni ejercerá ni delegará en ningún concejal esta facultad para celebrar enlaces de parejas de hecho. León de la Riva aseguró que habrá que estudiar qué es lo que dice la futura Ley aunque precisó que en España "existe la clausula de objeción de conciencia". Al respecto, el alcalde reconoció no estar en contra de que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos aunque aseguró que la unión de personas del mismo sexo "no puede ser llamado matrimonio".
 
Asimismo, Javier León de la Riva afirmó que una cosa es una competencia para casar a parejas de hecho y otra la obligación a celebrar esos enlaces y aseveró, al respecto, que "hoy por hoy no voy a ejercer ese derecho y no voy a delegar en ningún otro concejal". Preguntado sobre quién debía casar a las parejas de homosexuales, respondió que deben ser los jueces responsables de los registros civiles a lo que añadió que si de él depende "ni voy a ejercer ni voy a delegar esa competencia, para que no quede la menor duda".
 
Sanciones de seis meses de suspensión de empleo y sueldo
 
Según informó el servicio jurídico de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO, los funcionarios que se nieguen a celebrar matrimonios homosexuales, tal y como recomienda el Vaticano, pueden ser sancionados con seis meses de suspensión de empleo y sueldo si la falta es considerada grave, y hasta con la separación del servicio si tiene la consideración de muy grave. Según las mismas fuentes, los funcionarios están obligados al cumplimiento y acatamiento de la Constitución y de las leyes, y no hay ninguna norma que recoja el derecho alegado por la Iglesia Católica "de manera tan radical".
 
En este sentido, precisaron que la negativa de un funcionario a celebrar matrimonios homosexuales supondría una falta de desobediencia, que puede ser considerada como grave o muy grave por parte de la Administración, con la correspondiente sanción. En opinión del servicio jurídico de FSAP-CC.OO., existe la hipótesis de que un funcionario pueda acogerse a la objeción de conciencia en virtud del artículo 16 de la Constitución sobre libertad ideológica, de religión y culto, pero para ello debería haber un desarrollo reglamentario sobre el procedimiento, tal y como ocurría con la objeción de conciencia en el servicio militar o con el aborto en temas sanitarios.

Por su parte, fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) señalaron a Europa Press que no creen que en España se plantee ningún caso de objeción de conciencia por parte de funcionarios a la hora de celebrar matrimonios homosexuales, aunque se subrayó que "de todo hay en la viña del Señor".

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