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Caseros y colegios que separen a niños y niñas, en el punto de mira de Pajín

La ley de Pajín podrá cortar la financiación de colegios concertados con aulas para niños y niñas. También sancionará a los caseros que "discriminen".

LIBERTAD DIGITAL
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Poco a poco van trascendiendo nuevos aspectos de la enigmática Ley de Igualdad de Trato, de la que Leire Pajín sólo apuntó vaguedades al presentarla el viernes pasado en el Consejo de Ministros. Tras difundirse que recuperará la inversión de la carga de la prueba, que obliga a los acusados a tener que demostrar su inocencia, como en la Inquisición, este viernes El País ofrece nuevos datos sobre quiénes van a convertirse en sus objetivos.

Unos de los primeros afectados serían los colegios que en España ofrecen educación diferenciada a niños y niñas. No podrán ser ya colegios concertados al quedarse por ley sin financiación pública. Según informa Prisa, en uno de sus artículos se recogería que "en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública". Las causas que especifica la ley son nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, enfermedad o por orientación e identidad sexual.

En la actualidad, ya hay autonomías que han cortado la financiación a los centros concertados que separan a niños y niñas gracias a la puerta abierta que dejó la LOE. Ahora, con esta norma, la financiación se acabaría para la totalidad de centros de España, también en las comunidades que aún admitían la existencia de centros concertados de este tipo.

Además, la norma, según El País, indica que "las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, y en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión o permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten". A la espera de ver en qué se traduce este punto, cabe recordar casos como el de la niña que llevaba pañuelo islámico y que tuvo que abandonar su centro escolar porque no permitía vestir prendas en la cabeza por decisión del Consejo Escolar. La ley podría poner también especial celo en los procesos de admisión de alumnos en centros con financiación pública.

Otro punto polémico es el referido a la vivienda. La norma, según el diario de Prisa, incluiría un punto en el que se prohíbe "rehusar una oferta de compra o arrendamiento o rehusar el inicio de las negociaciones o de cualquier otra manera de impedir o denegar la compra o arrendamiento de una vivienda por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la ley cuando se hubiere realizado una oferta pública de venta o arrendamiento". Con esto se querría, dice el diario, impedir que un casero rechace a un inquilino por ser inmigrante. Pero se acabaría también la libertad del propietario para escoger a quien va a vivir en su vivienda ante un abanico de solicitudes.

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