L D (EFE) Tras dos días de inspección de las obras, ambos eurodiputados han señalado que tras la presentación de su informe "lo más importante es que el Ayuntamiento encuentre una solución lo más pronto posible" para adecuarse a la legislación europea y "antes de que el Reino de España tenga que ser sancionado por el Tribunal de Justicia Europeo".
"Lo más clarividente de esta visita ha sido el encuentro con los vecinos afectados por las obras, porque son los que han sufrido las consecuencias de que un proyecto de unas dimensiones tan colosales no haya tenido DIA", apuntó Auken. Para ambos políticos, "es indiferente que la M-30 sea una calle o una autovía", aunque para ellos "es una gigantesca autopista de circunvalación", "porque lo que cuenta no es el nombre sino las dimensiones de la obra, y estas dimensiones evidencian que la DIA en la M-30 era ineludible", afirmaron.
La eurodiputada de Los Verdes dijo que no se explica "cómo alguien puede siquiera imaginar la posibilidad de eludir la legislación europea cambiando una autovía de nombre". Además, dijeron no aceptar la justificación municipal de que si la M-30 no cumple la normativa europea es por una mala transposición de ésta al derecho español, y recordaron que "la normativa comunitaria prevalece sobre la del país miembro" y, por tanto, es a lo que dice Europa a lo que hay que hacer caso si existe lugar a dudas.
Falta de participación ciudadana
Aún así, matizaron que el problema de la DIA con la que no ha contado la M-30 no es de carácter legislativo sino "de que ni el gobierno municipal ni el regional han dejado participar a los ciudadanos en este proyecto y de que se les ha negado su derecho a ser escuchados"."Queremos que los madrileños sepan que el Parlamento Europeo está para que no se le niegue la voz a la gente y que tengan claro que sus derechos van a ser respetados", subrayó De Rossa.
Además, los europarlamentarios lamentaron que ninguno de los representantes oficiales de la Comunidad de Madrid –ni la presidenta, ni el vicepresidente ni ningún consejero- se haya reunido con ellos, y dijeron que "el Gobierno regional tiene que saber que la Unión Europea es algo serio que no se puede ignorar".
Los eurodiputados recordaron que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya les advirtió de que en caso de sanción a España, sería el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la Comunidad quienes se hagan cargo del importe. No obstante, ambos recalcaron que las dos administraciones aún pueden "rectificar", realizar la DIA de las obras en curso y hacer todas las modificaciones pertinentes, así como establecer medidas compensatorias por lo que ya no tenga marcha atrás.