Una vez más, el caso de una mujer asesinada por su pareja, en este caso en Málaga, ha vuelto a detonar las alarmas sobre la prevención y los esfuerzos que se realizan para frenar el conteo permanente de víctimas de la violencia doméstica.
El propio Rubalcaba reconocía que "algo ha fallado" en ese caso, ya que la víctima había denunciado pero no logró que se le facilitase protección policial ya que su caso fue considerado "de bajo riesgo".
Pero lo más dramático es que podríamos encontrarnos no frente a un error concreto sino ante todo un sistema claramente infradimensionado y, además, muy mal dotado, tanto de efectivos como de medios.
Policías sin coches
Así, según fuentes policiales consultadas por Libertad Digital, los cerca de 75 policías que forman parte de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) a las víctimas de malos tratos de la Comunidad de Madrid no disponen de un solo vehículo con el que realizar su tarea, por lo que se limitan a realizar llamadas desde su puesto de trabajo en comisaría.
Esta situación no afecta a las mujeres que cuando presentan una denuncia por maltrato se califican como de "riesgo extremo" y tienen una escolta policial, pero sí a todas las demás, incluyendo casos como el de la mujer asesinada en Málaga. Obviamente, con estas carencias resulta imposible hacer un seguimiento de cómo evoluciona la situación en cada caso y de los posibles nuevos riesgos que surjan.
Tal y como ha comentado un policía a Libertad Digital, "disponer de más medios no significaría que automáticamente pudiésemos bajar la cifra de muertes, pero sí podríamos dar a estas mujeres la atención que merecen".
Las cifras a las que ha tenido acceso este periódico se circunscriben a lo que sucede en la Comunidad de Madrid, pero según fuentes conocedoras de la cuestión la situación en otras regiones "es todavía peor".
Poco personal y menos medios
La situación resulta lamentable también por lo que respecta a la propia falta de personal: estos 75 policías tuvieron que lidiar con más de 7.000 denuncias durante el año 2010, además de con una base anterior de más de 100.000 que en muchas ocasiones también requerirían de un seguimiento y un tratamiento.
No estamos ante un problema nuevo: los policías asignados a estas tareas se agrupan en las UPAP, creadas y diseñadas a partir de un documento realizado por el Ministerio del Interior en el año 2003. En aquel momento se dimensionaron las necesidades del área en 500 agentes, pero tal y como denunció la Confederación Española de Policía en una comisión del Senado, esta cifra solo se alcanzó en 2008, es decir, cinco años más tarde y cuatro después de que el PSOE, que ha hecho de este tema una de sus banderas político - propagandistas, llegase al poder.
Además, en este tiempo el número de mujeres maltratadas y de denuncias era mucho mayor al previsto inicialmente, por lo que las cifras previstas en 2003 ya eran insuficientes incluso cuando por fin se llegó a un despliegue completo de los efectivos previstos, cuatro años más tarde de lo esperado.
Evaluaciones de riesgo
Los 75 policías de Madrid se distribuyen entre las comisarías de la capital y las de las otras ciudades de la comunidad, con unos 45 y unos 30 efectivos respectivamente. Actualmente, la única función que cumplen es recibir las denuncias y realizar la evaluación del riesgo de cada caso, un trámite que se resuelve introduciendo determinados datos en un programa informático que es el que en virtud de éstos "devuelve" una evaluación.
Por supuesto, la herramienta informática genera sus propios problemas: para empezar los agentes no recibieron una formación específica en su manejo lo que, junto con el propio diseño de la aplicación, hace que sea necesario que se le dedique muchísimo tiempo a cada caso; además, la información empleada no siempre es todo lo precisa que el sistema requeriría, especialmente en aquellos casos en los que el denunciante no es la víctima de los hechos.
Obviamente, esto puede influir en la precisión de las evaluaciones.
Ni siquiera instalaciones propias
Los problemas de los policías adscritos a las UPAP no se acaban en la ausencia de vehículos: ni siquiera disponen de unas instalaciones adecuadas dentro de las comisarías, de forma que han tenido que ir ubicándose en los espacios que otras unidades no utilizaban. Además, no se han establecido protocolos de actuación o manuales de buenas prácticas y tampoco se les ha ofrecido una formación genérica sobre su trabajo.
Por si esto fuera poco, la mayoría de los agentes asignados a estas tareas (aproximadamente tres cuartas partes) son personal de segunda actividad, es decir, policías de más de 60 años de edad. Esto supone dos tipos de problemas: los derivados de que se trata de profesionales en la parte final de su carrera y el hecho de que la merma de efectivos es constante.