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Melilla recuerda al Gobierno que la obligación de proteger las fronteras es suya

El Gobierno de Melilla, que había denunciado la saturación de los centros de menores, a lo que la Delegación del Gobierno respondió que la competencia en la materia es de la ciudad autónoma, exigió este jueves a la institución gubernativa que evite que se produzcan las entradas por la frontera. El Gobierno de Melilla ha recordado al Gobierno que la obligación de proteger las fronteras es del Estado. Este jueves ha muerto otro subsahariano tras llegar herido a la frontera, una hora después de un nuevo intento de avalancha.

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El Gobierno de Melilla, que había denunciado la saturación de los centros de menores, a lo que la Delegación del Gobierno respondió que la competencia en la materia es de la ciudad autónoma, exigió este jueves a la institución gubernativa que evite que se produzcan las entradas por la frontera. El Gobierno de Melilla ha recordado al Gobierno que la obligación de proteger las fronteras es del Estado. Este jueves ha muerto otro subsahariano tras llegar herido a la frontera, una hora después de un nuevo intento de avalancha.
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L D (EFE) Así lo indicó la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, que mostró su "sorpresa" por la réplica de la Delegación y, tras reconocer que la competencia en protección de menores es de la ciudad desde 1998, recriminó que la competencia del control fronterizo y de que no se produzcan las entradas de menores "es total y absoluta del Estado".

Garbín, en conferencia de prensa, dijo "no entender" esas declaraciones por parte de la Delegación cuando lo que hizo la ciudad autónoma el martes fue "comunicar la situación" de colapso de los centros a la institución gubernativa, y aseguró que las entradas masivas de menores de los últimos tiempos significan que la frontera "es un coladero".

En cuanto a las manifestaciones de la Delegación de que gracias a la subvención de 2,3 millones de euros que da el Estado los menores estaban "bien atendidos", la consejera precisó que el coste anual en esta materia para la ciudad autónoma ronda los 6 millones, "por lo que con el dinero estatal no se sufragan gran parte de los gastos".

Además, recordó que ese convenio por el que el Estado aporta esa subvención se instauró con el Gobierno del PP y aún no se han recibido los 2,3 millones de euros, pago que se espera que se produzca a final de octubre, "mientras que con el Gobierno del PP el ingreso se produjo en abril", indicó

Señaló que las cifras de menores acogidos se comunican "puntualmente" a la Secretaría de Estado de Inmigración, y reiteró que a día de hoy rondan los 295 en centros de acogida, y sólo entre agosto y el 13 de septiembre se han incoado 104 expedientes nuevos frente a los 70 del mismo periodo de 2004.

Garbín consideró que lo que "molesta" a la Delegación del Gobierno es que "no quiere que digamos que lo que ocurre es que no hay una colaboración real y efectiva por parte de Marruecos", lugar en el que "radica" el problema. Afirmó que la situación "viene dada por la nula colaboración con Marruecos" y dijo que Melilla seguirá reivindicando participar en las reuniones bilaterales hispano-marroquíes "para dar nuestra experiencia y soluciones", a la vez que apuntó que mientras el Gobierno central no sea consciente de esto "no vamos a avanzar en la solución del problema".

Este miércoles comenzaron las obras para completar el recrecido, de tres a seis metros, de la valla del perímetro fronterizo entre Melilla y Marruecos con el objetivo de mejorar la capacidad de la Guardia Civil para hacer frente a la entrada masiva de inmigrantes.

Los operarios de la empresa Ferrovial, adjudicataria de la obra en la zona que discurre desde el puesto fronterizo de Barrio Chino hasta la aduana de Beni-Enzar, han comenzado los trabajos. Precisamente éste es el tramo cuya obra ha adjudicado el Ministerio del Interior por el procedimiento de emergencia y por importe de 750.000 euros y que consta de 2,8 kilómetros de longitud, según los datos facilitados la semana pasada tanto por el Ministerio como por el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, quien calculó que esta actuación podría tardar unos 45 días.

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