El juzgado recibió un informe de la UDYCO Costa del Sol, Sección de Delincuencia Económica, informando sobre unos documentos intervenidos en el registro de un trastero propiedad de Juan Antonio Roca, principal acusado del caso Malaya. En dichos documentos figuran las iniciales de una persona, JAG, que presuntamente habría recibido dádivas.
Según el juzgado, el citado informe "es una relación de llamadas recibidas por el propio Roca, en concreto la mención "JAG (Francisco de Paula) Comisario de Marbella"". Francisco de Paula fue designado Comisario de Marbella en 2005. Continúa el Juzgado acreditando que "JAG, del que se ignora su identidad, habría llamado a Roca en diciembre de 2005 y se puede deducir, a tenor del propio documento, que habría informado a Roca de la identidad del nuevo Comisario de Marbella, aportando como dato que éste es amigo de una persona conocida como AK no identificada, que Roca sí que conoce, y de una tercera persona llamada Pepe Marín, cuyo nombre coincide con el actual Comisario Jefe de Seguridad Ciudadana y que sería amigo de un tal Willy, pendiente de identificación". Por lo tanto, JAG "es una persona que conoce la estructura policial y que está al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Policía".
En el documento intervenido aparece "un pago a favor de JAG a cargo de Roca por importe de 200.000 euros". Y concluye el Juzgado que JAG, "una persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía", podría haber sido pagado por Roca "por facilitarle información valiosa sobre este procedimiento". Por todo ello, el juzgado ordena que se investigue todo lo relativo a JAG y se lo encarga a la Brigada de Régimen Interior de la Policía.
Curiosamente, las iniciales JAG coinciden con Juan Antonio González, el todopoderoso comisario general de la Policía Judicial de Rubalcaba que participó en la cena previa a la cacería en la que coincidieron Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. La famosa cacería, que se celebró el mismo fin de semana en que se desató el caso Gürtel, le costó el cargo al ministro.
Este mes de septiembre, Juan Antonio González dio instrucciones para que todas las investigaciones que afecten a cargos públicos y persona de relevancia pasarán por sus manos. "Como bien se conoce, en el ámbito de la inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía hay determinadas investigaciones en las que pueden aparecer implicadas personas de alta relevancia, altos cargos públicos, funcionarios policiales investigados y colaboradores policiales, cuyo tratamiento requiere un enfoque especializado para salvaguardar la eficacia de la propia investigación", decía la instrucción que se ha enviado a las jefaturas superiores. Es decir, que si alguna jefatura investiga algún tema relacionado con cargos públicos deberá llevar primero el visto bueno de la mano derecha de Rubalcaba.
Una vez pasado este filtro, las pesquisas pasarán a ser tratadas "en las bases de datos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal a efectos de facilitar la coordinación" ya que el comisario considera que "esa protección especial y preferente dispensada se desvanece cuando en la investigación aparecen otros cuerpos policiales".