De este modo, el pleno del CGPJ confirmó el mantenimiento de la suspensión de funciones durante un año, una sanción impuesta después de que la juez precintara una tienda que no le quiso cambiar un perfume, algo que el órgano consideró un abuso de su condición de jueza para obtener un trato favorable.
Cuando le impuso la sanción, el Consejo también acordó que, tras su suspensión, sea trasladada a otro juzgado distante a más de cien kilómetros de Úbeda, con la prohibición de concursar por tiempo de un año, "por inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre causa para ello".
Los hechos sucedieron cuando la juez compró un perfume en un establecimiento y al tiempo volvió diciendo que no lo quería, si bien el vendedor no accedió a su petición argumentando que había usado ya el frasco. Ella, que estaba de guardia, abrió diligencias contra la tienda por un presunto delito contra la propiedad industrial y ordenó una entrada y registro de los locales de este comerciante.
Tras interrogarle, archivó el proceso, si bien el fiscal de Úbeda lo puso en conocimiento de la Fiscalía provincial que, a su vez, lo remitió a la Fiscalía del TSJA y esta al Consejo General del Poder Judicial.
Se da la circunstancia de que, tal y como trascendió recientemente, esta juez está imputada junto a su marido en un procedimiento judicial por estafa y alzamiento de bienes. Supuestamente, ambos acordaron un plan para evitar el pago de una deuda que una empresa regentada por el marido había contraído presuntamente con otra sociedad.