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Situación límite en la acogida de los inmigrantes mientras el Gobierno empieza a evacuarlos a la Península

El Gobierno ha entrado en una guerra de cifras sobre la dimensión de la emergencia por la llegada a Canarias de más de 7.000 personas en patera en lo que va de año. Según Canarias7, las instalaciones de acogida soportan una ocupación del 140% y la Delegación del Gobierno ha empezado la evacuación a la Península.  Fernández de la Vega se ha apresurado a negarlo, pero organizaciones de la Seguridad del Estado, ONG, e incluso el presidente del TSJC han coincidido en señalar que la situación es límite. El Rey se ha interesado por este desafío sin precedentes, calificado por el PP como "la peor crisis humanitaria desde la Guerra Civil".

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El Gobierno ha entrado en una guerra de cifras sobre la dimensión de la emergencia por la llegada a Canarias de más de 7.000 personas en patera en lo que va de año. Según Canarias7, las instalaciones de acogida soportan una ocupación del 140% y la Delegación del Gobierno ha empezado la evacuación a la Península.  Fernández de la Vega se ha apresurado a negarlo, pero organizaciones de la Seguridad del Estado, ONG, e incluso el presidente del TSJC han coincidido en señalar que la situación es límite. El Rey se ha interesado por este desafío sin precedentes, calificado por el PP como "la peor crisis humanitaria desde la Guerra Civil".
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(Libertad Digital) En las instalaciones militares y policiales de Canarias hay 3.162 inmigrantes retenidos, según la prensa, o 2.269, según el Gobierno, que ha salido al paso de los datos publicados este sábado.  La capacidad de acogida de los centros de retención y cuarteles militares habilitados como campamentos es de 2.276 plazas.
 
María Teresa Fernández de la Vega aseguró en Mérida que "aún hay plazas disponibles", en concreto, siete plazas, si se atiende al dato de capacidad publicado por la prensa local.
 
El Gobierno insiste en llamar a la tranquilidad a las autoridades, funcionarios y residentes canarios, y subraya que la avalancha humana está bajo control.
 
El Rey ha llamado al presidente de Canarias, el nacionalista Adán Pablo Martín Menis, para conocer de primera mano la situación, según informó este sábado el Gobierno autónomo.
 
No opinan lo mismo la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
 
Agustín Brito, secretario general regional del CEP, comenta a Canarias7 que "desde la Delegación del Gobierno se quiere dar una imagen de que está todo controlado, pero estamos sujetos a una enorme tensión y estrés". La situación desborda la capacidad de los funcionarios, según asegura el mismo portavoz profesional.
 
La AUGC denuncia, en un comunicado, el "absoluto derroche" que supone mantener 17 patrulleras en el puerto de Valencia con motivo de la celebración de la Copa América cuando en Canarias sólo hay seis patrulleras para vigilar todas las costas del Archipiélago, de las que sólo cuatro están operativas.
 
La AUGC desveló en marzo que el Gobierno conoció el foco de emigración ilegal establecido en Mauritania por un memorando del CNI de hace seis meses, pero no hizo nada por desactivarlo hasta que la crisis humanitaria estalló en el Archipiélago canario.
 
Traslados diarios a la Península
 
Según la prensa local, "la Delegación del Gobierno está realizando vuelos diarios a la Península para intentar aliviar la situación" de las instalaciones de acogida en Canarias. Se están repartiendo personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia. Llegan en aviones fletados a diario por la Delegación del Gobierno de Canarias.
 
El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría (Tenerife), el mayor de Canarias, dispone de 238 plazas y actualmente alberga a 330 personas. El CEP asegura que celdas de diez metros cuadrados son compartidas por ocho personas.
 
La Comisaría de Playa de Las Américas, al sur de Tenerife, un pequeño establecimiento policial como el de cualquier ciudad mediana de España, retiene a 831 inmigrantes que esperan a que se resuelva su expediente judicial de expulsión. Mientras, el tiempo corre a favor de su expectativa de libertad, porque la Ley de Extranjería establece un periodo máximo de 40 días de retención para las personas que entran ilegalmente en España.
 
En el cuartel de Las Raíces (Tenerife), con capacidad para 500 inmigrantes, se hacinan actualmente 666.  El Gobierno ha tenido que improvisar nuevas plazas en el cuartel de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) para aliviar las instalaciones tinerfeñas. La otra solución aplicada, a falta de las prometidas repatriaciones, que no se han producido, es el traslado a la Península.
 
Una ambulancia para todo
 
En su dimensión sanitaria, la situación del problema también desborda al sistema público. El vicepresidente de Cruz Roja de Tenerife, Jairo Gonzalo, ha indicado que el Servicio Canario de Salud sólo dispone de una ambulancia medicalizada para la comarca del sur de la Isla. Su función es atender las urgencias de la población residente, pero en la actualidad está al servicio del dispositivo de acogida de los inmigrantes que llegan en patera.
 
El problema se ha instalado también en los juzgados. El presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, reconoció el pasado martes que los juzgados de instrucción están "completamente colapsados" por la situación. Castro recordó que, conforme a la Ley de Extranjería, cada inmigrante "ha de ser oído" por un juez que debe pronunciarse sobre su internamiento en un centro de retención durante un máximo de 40 días y que, en el caso de Canarias –dijo el presidente del Tribunal Superior a la agencia Efe– "están saturados completamente".
 
Adán Martín ha pedido este sábado una reforma de la Ley de Extranjería para ampliar el periodo de retención.
 
La llegada de inmigrantes por "oleadas", explicó, colapsa los servicios previstos, por lo que, ante esa presión, debería extenderse el tiempo de retención (periodo máximo de 40 días después del cual el extranjero no repatriado queda en libertad).
 
La presidenta del PP de Tenerife, Cristina Tavío, ha denunciado que el Gobierno "sigue sin tomarse en serio" una situación de emergencia humanitaria que no tiene parangón en la historia de Canarias. "Es la peor crisis para los derechos humanos en Canarias, desde la Guerra Civil", ha declarado la portavoz popular.

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