L D (Europa Press) El abogado de la ex concejala Marisa Alcalá solicitó la suspensión de la vista oral para no producir indefensión a su patrocinada, ya que se hizo cargo de la causa la pasada semana, según explicó el letrado Pablo Luna, que representa a los ex ediles Rafael González y Juan Antonio Yagüe.
Precisamente, el letrado apuntó que también se decidió la suspensión al no haberse decretado la rebeldía y no haberse tramitado aún la requisitoria de busca y captura por parte de dicho juzgado respecto del hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que está en paradero desconocido; medidas que se formalizará a partir de ahora.
La primera causa de suspensión, medida a la que se adhirió el ministerio fiscal, se hizo extensiva también a la abogada del ex regidor Julián Muñoz, que fue designada la pasada semana tras la renuncia del anterior letrado José María del Nido; aunque ella no llegó a solicitar el aplazamiento del juicio.
Conclusiones provisionales
En esta causa, la Fiscalía de Málaga solicita en sus conclusiones provisionales 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público de concejal para Julián Muñoz, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe y Marisa Alcalá, al acusarle de dos delitos contra la ordenación del territorio en continuidad delictiva; mientras que para Dolores Zurdo y Pedro Román pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación, al imputarle sólo uno.
Según el escrito inicial, los ediles dieron luz verde en 1998 a la licencia al proyecto básico y la de ejecución a la entidad Artola Inversiones para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela de la urbanización con el mismo nombre que "de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables en ese momento" --que para el fiscal es el Plan General de Ordenación Urbana de 1968--, estaba clasificado como rústico de control. Luego, de acuerdo con un decreto de 1981, pasó a ser suelo no urbanizable y tras un plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.
Dilación
Para la abogada de la acusación popular que ejerce Los Verdes, Inmaculada Gálvez, los abogados de las defensas "se reparten los papeles" a la hora de pedir las suspensiones y expresó su temor de que "todas estas prácticas dilatorias sean esperando la legalización de las 30.000 viviendas" presuntamente ilegales que actualmente existen en Marbella.
Gálvez apuntó que "el problema es que si se legalizan las viviendas, los asuntos se archivan de inmediato" y explicó que al legalizarse las viviendas con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana "no cabe condena contra los concejales", aspecto que las defensas "ya vienen diciendo en otros procedimientos".
"Por eso, la Junta de Andalucía, lo que va a dar realmente es una amnistía, no va a normalizar", indicó la letrada, quien insistió en que "existe un objeto del procedimiento que es el otorgamiento de una licencia en contra de la normativa urbanística vigente y si la normativa recoge una casa en vez de un equipamiento, el procedimiento pierde su objeto y habría que archivar todas las diligencias y casi las sentencias sería absolutorias".
En este sentido, el abogado Pablo Luna negó cualquier táctica dilatoria y apostó por "calmar las aguas" para interpretar el delito urbanístico "como debe ser", para lo que consideró necesario que el Tribunal Constitucional "consolide una doctrina" a este respecto.