L D (EFE) Cuando se cumplen dos años y dos meses de la muerte de los miembros del retén en el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) el 16 de julio de 2005, José Miguel Montoya Oliver, catedrático en Ingeniería de Montes, informó de que el documento, que consta de 108 folios, fue presentado el pasado 10 de septiembre ante el Juzgado de Sigüenza (Guadalajara) para su estudio.
En su comparecencia, el perito de las familias, acompañado de algunas de ellas y del letrado Miguel Solano, aprovechó para decir que "hay un montón de informes pagados por la Junta" y manifestó que es necesario que se elabore uno que sea independiente.
Aludió al emitido por el delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio González, al que calificó de "chapuza" e, incluso, llegó a cuestionar que el responsable de la Delegación no declarara el nivel 2 en el incendio, ya que tenía una boda familiar y en esa situación no podría haber ido.
Responsabilidades
José Miguel Montoya Oliver responsabilizó a las empresas contratistas de la Administración y exigió que se depuren responsabilidades porque "con un solo eslabón que hubiera funcionado se hubiese evitado la tragedia, pero no funcionó ninguno".
Aseguró que a día de hoy no existe ningún documento que diga lo que ha hecho el Gobierno regional, el "Cuaderno Oficial de Extinción", que -dijo- es "obligado" realizar después de cada incendio. Montoya Oliver citó, entre otras causas del incendio, el "abandono administrativo y técnico de las obligadas medidas de prevención agrícolas, pastorales y silvícolas", el fracaso de las medidas de detección y pronto ataque y un proceso de extinción "erróneo, irregular y caótico".
Incomunicación tierra-aire
Según su informe, la llegada del retén para combatir el fuego se produjo "en el peor momento meteorológico, hora y en un lugar desconocido", y criticó la incomunicación tierra-aire que impidió que desde los aviones se pudiera decir a las víctimas que se iban porque ya no se podía hacer nada.
Montoya Oliver señaló que, mientras los medios aéreos habían abandonado la zona una hora antes de producirse la tragedia a causa de la intensidad del fuego, "nadie avisó al retén ni le guió", con lo que, "cumpliendo órdenes", comenzaron a combatir el fuego con "las mínimas medidas de seguridad y en un lugar sin posibilidad de escape".
Cadena de errores
Este perito cree que en este suceso no basta con un juicio penal, sino que "Anticorrupción debe abrir una investigación que depure responsabilidades, más allá de las penales".
Montoya Oliver consideró que el incendio se caracterizó "por una cadena de errores, actuaciones imprudentes, irresponsables y negligentes" y criticó que, en vez de tratar de buscar el camino para evitar que se repita un hecho similar, "se ha ocultado". El perito, con el apoyo de algunas de las familias de los fallecidos, insistió en que hubo un abandono administrativo y técnico en las medidas de prevención, que el proceso de extinción fue erróneo y que existe una responsabilidad clara personal y de las instituciones.
El Juzgado de Sigüenza también presentó un informe judicial sobre las causas del accidente que fue revocado en julio pasado, a instancias de las familias de nueve de los fallecidos, por la Audiencia Provincial de Guadalajara, que requirió que se hicieran en el mismo más precisiones técnicas.