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Varias asociaciones ecologistas denuncian que el Gobierno pule una norma que legitima la contaminación genética

Las Organizaciones Amigos de la tierra, COAG, Greenpeace, Red de Semillas y SEAE han denunciado este lunes la norma del Gobierno que legitima la presencia de transgénicos en la agricultura convencional y ecológica. Para las organizaciones, el texto es claramente insuficiente dado que "sigue manteniendo los principales defectos que se han venido criticando en las anteriores versiones y, por tanto, legitima, de facto, la contaminación genética en lugar de garantizar la protección de los cultivos y de los productos no transgénicos".

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L D (Europa Press) Los firmantes de la denuncia han exigido que las normas de coexistencia garanticen la permanencia de la agricultura convencional y ecológica libres de organismos modificados genéticamente (OMG), amparándose el derecho prioritario de los agricultores ecológicos y convencionales a no sufrir contaminación genética y estableciendo un régimen de responsabilidad civil en el que los daños ambientales, sociales y económicos, incluyendo la contaminación genética, recaiga sobre los titulares de las autorizaciones de su liberación al medio. Además pidieron que, en tanto en cuanto no se cumplan estas condiciones, se prohíba el cultivo de cualquier variedad de semilla modificada genéticamente en suelo español.
 
Sin embargo, los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente han indicado que ha habido una mejoría en la voluntad de transparencia al convocar a los grupos que trabajan esta materia a una reunión y por la intención de crear una norma ligeramente más restrictiva que la anterior propuesta, por ejemplo, la nueva distancia entre campos transgénicos y no transgénicos pasa de 50 a 220 metros. Por su parte a juicio de las organizaciones el texto no es suficientemente explícito en cuanto a la posibilidad de declarar zonas libres de transgénicos y además ni reduce los riesgos de contaminación genética sino que tolera, garantiza y legitima la contaminación genética.
 
Ausencia de sanciones
 
El proyecto, según los firmantes, minimiza el problema de la contaminación genética, eludiendo además la obligación de respetar un nivel cero de contaminación en la agricultura ecológica; establece unos umbrales de contaminación que permiten que las cosechas puedan ser contaminadas por transgénicos; equipara los derechos de los agricultores que practican agricultura MG, convencional y ecológica; reduce la coexistencia a un problema comercial; exime de cualquier responsabilidad a las empresas productoras de semillas y no establece un régimen adecuado de sanciones, y no mejora las actuales condiciones de absoluta falta de transparencia.
 
"La posibilidad de una contaminación irreversible del suministro de semillas es tan grave, que exige que el principio de precaución por el que se rigen todas las políticas europeas, se aplique en este caso rigurosamente", reclaman. En estas condiciones "mientras no se pongan en marcha medidas eficaces para impedir la contaminación, es urgente la prohibición de cultivos de toda variedad modificada genéticamente en nuestro territorio", concluyen.

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