
La vista previa por la demanda millonaria que Rosa Peral ha interpuesto contra Netflix por la serie El cuerpo en llamas se ha saldado este martes sin un acuerdo entre las partes y el juicio tendrá que esperar. La plataforma de streaming se ha negado de plano a alcanzar cualquier pacto con la condenada por el conocido como el crimen de la Guardia Urbana y la juez ha dado un plazo de 10 días hábiles al padre de su hija para que se pronuncie antes de tomar cualquier decisión.
A través de su abogada, Nuria González, Peral exige a Netflix una indemnización de 30 millones de euros por la presunta vulneración de los derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad tanto de ella como de su hija. Sin embargo, al estar en prisión, la patria potestad de la menor está en manos del padre, por lo que la Fiscalía cree que, antes de nada, debe ser él el que se pronuncie sobre si quiere seguir adelante con la parte que afecta a la niña.
Ya antes de presentar ella misma la demanda, la letrada de la exagente recurrió a la Fiscalía de Menores, pero el Ministerio Público alegó que, estando vivos los dos progenitores, no podía actuar de oficio, sino que tenían que ser ellos los que, llegado el caso, recurrieran a los tribunales, como así hizo Peral.
Entre otras cosas, y a pesar de presumir de estar basada en hechos reales, la serie sostiene que su testimonio fue la prueba fundamental para la condena de la exagente, algo que, tal y como explicó su abogada en Es la mañana de Federico, es totalmente falso. De esta forma, la defensa de Rosa Peral lamenta que se cargue sobre los hombros de una menor una responsabilidad que no es tal, además de ofrecer datos que permiten su fácil identificación, lo que, tratándose de una serie popular, puede comprometer su normal desarrollo. Con todo, González solicita una indemnización de 26,5 millones de euros para la niña —a razón de 1 euro por cada hora que se ha reproducido la serie— y 2,6 para la propia Rosa Peral —10 céntimos por hora—.
"Nosotras no nos oponemos a que se pregunte al padre. Es más, preferimos que se pronuncie en este momento procesal para que se cumplan todas las garantías y que luego no se nos plantee un recurso por este extremo", asegura la letrada a Libertad Digital. Una vez que el progenitor decida, por tanto, si como tenedor de la patria potestad de su hija quiere ser parte de la causa no, la Fiscalía y la juez decidirán cómo continúa el proceso y si es necesario, por ejemplo, nombrar un defensor judicial de la menor.
"En cualquier caso, las demandas son independientes. Por tanto, en cualquier caso, la de Rosa seguiría adelante sí o sí", puntualiza González que denuncia, además, que la ficción protagonizada por Úrsula Corberó también pone en tela de juicio la vida familiar y personal de su clienta, extralimitándose de lo que la propia sentencia considera hechos probados.
Lo que dice la sentencia
En marzo de 2020, en plena eclosión de la pandemia del coronavirus, un jurado popular declaró culpables a Rosa Peral y a su amante, Albert López, del llamado crimen de la Guardia Urbana. El Tribunal consideró probado que ambos habían elaborado un macabro plan para acabar con la vida del novio de la primera, Pedro Rodríguez, cuyo cadáver había aparecido calcinado en mayo de 2017 en un coche abandonado en el pantano de Foix.
Durante el juicio, se llegaron a poner sobre la mesa diferentes teorías. Entre ellas, que se le hubiera drogado primero y que después —antes de calcinarle— se le hubiera golpeado con un objeto contundente o se le hubiera disparado, ya que entre los escombros se encontró un objeto metálico que podría corresponderse con una bala. Después, la exmujer de Pedro reveló que podría tratarse de un llavero con forma de bala que ambos habían regalado a los invitados el día su boda. Los peritos llegaron a partir en dos uno de los ejemplares facilitado por esta, y reconocieron que, al tratarse de una bala blindada con núcleo de plomo, podría ser perfectamente "compatible" con el hallazgo de la Policía, por lo que la sentencia elude la forma en la que Pedro fue asesinado.
Aun así, la Audiencia Provincial primero y el Tribunal Supremo después ratificaron el veredicto, condenándolos a 25 y 20 años de prisión respectivamente. La pena impuesta a Peral fue mayor por el agravante de parentesco, pero la versión oficial siempre ha mantenido que el asesinato fue cometido por los dos. Durante el juicio, sin embargo, ambos se acusaron mutuamente, declarándose a sí mismos inocentes.
Rosa mantiene su inocencia
La situación cambió en abril del año pasado, cuando Albert López —aunque luego matizaría sus declaraciones—admitió por primera vez su participación en el crimen en un intento de acceder a permisos penitenciarios. Por el contrario, la firmeza de Rosa Peral a la hora de mantener su versión es uno de los argumentos que su abogada esgrime para defender su inocencia: "A diferencia de lo que ha hecho Albert, ella jamás ha reconocido que participase en el asesinato de Pedro. Y no lo va a reconocer nunca, porque, según sus propias palabras, no lo ha hecho". Si lo hiciera, ella también podría acceder a los beneficios penitenciarios que tanto anhela. Sin embargo, aun sabiendo a lo que se expone, está dispuesta a mantener su versión hasta el final.
"Cuando cumplió la cuarta parte de su pena, empezó a pedir permisos y siempre se los han denegado por la única razón de que nunca se ha declarado culpable —explicaba Núria González a Libertad Digital ya hace un año—. Si no lo hace, sabe que no podrá salir de prisión hasta 2042 y, aun así, se mantiene firme. Ella reconoce que hizo otras cosas, que encubrió, que estuvo allí y que no hizo lo que tenía que hacer, pero asegura que no mató a Pedro". La exagente fue detenida precisamente cuando acudió a declarar voluntariamente para denunciar a su amante.