Que Ana Julia Quezada —la mujer que mató en 2018 al hijo de 8 años de su pareja (Gabriel Cruz Ramírez "el pescaíto") y que fue condenada a prisión permanente revisable por el brutal crimen— usaba un teléfono móvil desde la cárcel en la que cumple condena en Ávila, era un secreto a voces. La propia madre del menor asesinado lo ha denunciado públicamente en varias ocasiones.
Patricia Ramírez explicaba hace un año —en una rueda de prensa, celebrada en Almería— que incluso había pedido ayuda a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para obtener pruebas de que funcionarios de la prisión le habrían facilitado el dispositivo, para que —entre otras cosas— pudiera negociar su participación en un documental en ciernes sobre el crimen del pequeño.
La madre de "el pescaíto" asegura que se están cometiendo "irregularidades" en la cárcel de Brieva (Ávila), que estarían afectando a la integridad moral de la familia, y ha convocado una nueva rueda de prensa para facilitar los detalles de las mismas. Según la información que adelanta este martes el diario El País, Quezada habría conseguido favores a cambio de sexo y el asunto ya estaría en manos de la justicia.
El juzgado número 4 de Ávila investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la prisión. En las diligencias de investigación —a las que habría tenido acceso este periódico— se recogen las declaraciones de un educador, la directora y varias reclusas del centro (entre las que se encuentra la actual pareja de Ana Julia).
Todos ellos coinciden en que Quezada habría estado manteniendo relaciones sexuales con varios funcionarios de la prisión y grabando con su móvil a algunas de estas personas para chantajear a la dirección de la prisión con el objetivo de lograr su trasladado a la cárcel de Barcelona. Un funcionario fue detenido el 4 de septiembre de 2024 por "abuso de la función pública".
Grabaciones y chantaje
Ana Julia dijo al educador del centro que había sido víctima de una violación por parte de un funcionario de la cárcel, recoge en el informe de la directora de Brieva, que se habría aprovechado "de su situación de superioridad y poder con respecto a ella". El trabajador de la prisión en cuestión sería el mismo que le facilitó el teléfono móvil y que fue arrestado en septiembre.
El dispositivo —que tendría en su interior las mencionadas grabaciones— obraría en poder de la actual pareja de Ana Julia, que "chantajea con sacarlas a la luz amenazando con hundir el centro y a su dirección". Un funcionario "avisaba a la interna cuando se le iba a realizar un cacheo para guardarle el móvil e imposibilitar su detección durante el registro", explicaron a los investigadores las cuatro reclusas a las que tomaron declaración (incluida la novia de Quezada).
El pasado 6 de marzo, el juzgado amplió diligencias "por si hubiere lugar a expedientes disciplinarios" contra Ana Julia Quezada y el cocinero de la prisión (con el que las presas aseguran que también mantuvo relaciones sexuales), ya que no constan como investigados en el actual procedimiento.
Ya no trabajan en prisión
Ante el revuelo generado por la noticia, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha informado de que los dos trabajadores investigados por la Guardia Civil "por un presunto delito de cohecho, por dar un trato de favor a una interna a cambio de recibir favores sexuales" ya no trabajan en el centro penitenciario.
Según ha explicado, estos dos empleados —un funcionario y otro miembro del personal que da servicio a la prisión— dejaron de trabajar en Brieva una vez que concluyó la fase de investigación y la toma de declaración de los implicados y los testigos. La Guardia Civil ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Ávila, ha indicado Galeano.
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