¡Vaya momento ha escogido el Gobierno socialista para hacer política en el sector eléctrico! El sector, en su conjunto, se enfrenta a una situación muy complicada, parecida aunque, por fortuna, mucho menos grave que la que tuvo lugar a finales de los años setenta. En esa ocasión, la resistencia de los gobiernos de la época a trasladar a precios la subida del precio del petróleo resultó en la práctica suspensión de pagos del sector y, finalmente, en una brutal subida del precio de la electricidad, que se produjo entre 1979 y 1982 y que reflejó, simplemente, el aumento de los costes de producción, la subida de los tipos de interés y la moratoria nuclear.

En la actualidad, el sector se encuentra a medio camino entre la liberalización y la competencia, por una parte, y la hiperregulación gubernamental por otro. A pesar de lo que se habla de competencia, tan solo el 35%, aproximadamente, de las ventas finales de electricidad -y en retroceso- se hacen a precios libres, negociados con los consumidores. El resto, en torno al 65%, se vende a precios fijos, a tarifa, determinadas por el gobierno español. Y no crean que todo el mundo paga lo mismo. Hay industrias, como la siderurgia, el aluminio y los fertilizantes que la pagan a un precio inferior al 50% del coste de producción. Una situación, aunque no tan extrema, es común en otros sectores industriales, sometidos -o agraciados con- a otras tarifas gubernamentales. Por su parte, las familias pagan precios sólo ligeramente superiores a los costes promedio de producción. En conjunto, en 2005, el total de lo que recauden las empresas eléctricas por sus actividades de generación, distribución y comercialización, generará un déficit - denominado "de tarifa"- del orden de los 3.000 millones de euros -según la apreciación de Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola-, que asumirán, por decreto, las grandes empresas: Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, básicamente; con la esperanza de que el gobierno de turno les compense. Una situación que puede adquirir rasgos muy políticos, porque nadie puede obligar al gobierno a que compense a estas compañías. Peculiaridades de la regulación del sector. Lo que ocurre es que, de una u otra forma, se sigue considerando que el suministro de electricidad es un servicio público, al que los principales distribuidores -que son los principales generadores eléctricos, por otra parte- se ven obligados a los precios que decida el gobierno. Consecuencia: es difícil que el sector hable públicamente de sus problemas, pues el poder arbitrario del gobierno puede tener efectos deletéreos en unos u otros, a elección, y gusto, del ministro de industria de turno. Ocurre que, a pesar de la relativa liberalización, el sector eléctrico sigue siendo un sector enormemente regulado hasta tal punto que, por poner ejemplos, tanto sus inversiones como sus redes de distribución e, incluso, el tipo de energía que utilizan las empresas dependen del visto bueno, o de la no oposición, del gobierno.