La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra se enfrenta a cuatro delitos tras reconocer este lunes que ella dio la orden de iniciar un expediente parajudicial para encubrir los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 14 años.
La también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas afirmaba hoy que "ese informe, el expediente lo encargué yo, dejen a la gente en paz y puedo dar todas las explicaciones que quieran aquí y donde haga falta". Unas declaraciones que realizaba tras conocerse la imputación de otras cinco personas por parte del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia en la causa iniciada tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE.
Fuentes de la causa consultadas por Libertad Digital aseguran que tras la 'confesión' de Oltra "puede enfrentarse a posibles delitos de prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación". Delitos que están penados con prisión e inhabilitación para cargo público.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "Oltra incumplió la orden de alejamiento de un juez para apartar a su marido de la menor abusada y que además ordenó iniciar un expediente parajudicial para ocultar los abusos con dinero público y desacreditar a la víctima. Todo ello, a pesar de que tenían conocimiento de la investigación abierta por la Fiscalía y por un Juzgado".
El titular del Juzgado de Instrucción nº 15, Vicente Ríos, dictaba un auto este viernes en el imputaba en la causa a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero; la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín. En total, ya están imputadas 13 personas y cuando la investigación se agote, Oltra tendría que ser imputada por el TSJ de Valencia ante el que está aforada, después de que el juez dicte una exposición razonada.
Según el auto judicial, la inclusión de estos nuevos cargos en la causa se producía después de haber sido oídas las declaraciones y ante la documentación aportada por ocho de los primeros investigados: las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería.
También figuran una funcionaria de la Consejería que instruyó la expediente parajudicial sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
Según el juez instructor, de la documentación aportada y las declaraciones se desprende que es "un hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado a la Dirección Territorial constando registro de entrada del Auto dictado con su sello correspondiente en todas y cada una de las hojas del citado Auto".
Añadía que "se quiera admitir o no, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones".
Los abusos sexuales a la menor
Los abusos a la menor, según ha quedado constancia en una sentencia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis R. estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalidad desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión. La sentencia fue confirmada por el TSJCV en septiembre de 2021, aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador. Una vez concluido el juicio contra el exmarido de Oltra, la menor acosada y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.