La bautizada como operación Azud no sólo ha puesto sobre la mesa la existencia de una trama de corrupción en la que el PSOE de la Comunidad Valenciana se habría beneficiado de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones urbanísticas, sino que, además, ha revelado hasta qué punto los socialistas están dispuestos a todo con tal de defender a unos imputados que tarde o temprano tendrán que sentarse ante la juez para aclarar si hubo o no financiación ilegal del partido.
La mejor prueba de ello es el giro experimentado por el hasta ahora número 2 de Ximo Puig, el abogado Manolo Mata. Lejos de alejarse de la trama, el que fuera portavoz socialista en las Cortes Valencianas ha decidido renunciar a su cargo y a su escaño para centrarse en la defensa del cabecilla de la operación Azud. Se trata del empresario Jaime Febrer, al que se acusa de haber sobornado durante años a cargos políticos de PP y PSOE para conseguir desarrollos urbanísticos en la Comunidad de Valenciana a través de una trama que habría movido hasta 7 millones de euros.
"Tenía que optar entre la defensa o el escaño, y el viernes se lo conté al presidente Puig, que hubiera preferido que me dejara lo otro, pero es mi trabajo y me gusta", argumentó el propio Mata el pasado 30 de abril.
Algo "huele a podrido"
Sin embargo, lo cierto es que el socialista ha ido actuando presionado por el curso de los acontecimientos. No en vano, no confirmó que defendería a Febrer hasta que se filtró que le había visitado en la cárcel, y no renunció a sus cargos hasta que se vio acorralado por el resto de partidos políticos, e incluso por algunos de sus compañeros, que no entendían que su portavoz fuera a defender al cabecilla de una trama que les salpicaba de lleno.
En público, la izquierda ha preferido ser más comedida y sólo Podemos se ha atrevido a hablar de una "situación extraña". Desde el PP, María José Catalá se ha limitado a decir que dejar sus cargos para defender al cabecilla de una trama corrupta "no deja de ser curioso", pero desde Vox se ha cargado duramente contra una maniobra que, según denuncian, "huele a podrido".
Los otros vínculos con el PSOE
Y no es la única, ya que no hay que olvidar que el conseguidor de esta trama de la que se habría beneficiado el PSOE es precisamente otro abogado históricamente vinculado al partido. Concretamente, José Luis Vera, un exjuez al que, paradójicamente, había sido fichado por los socialistas en 2015 para limpiar la corrupción del PP en la Diputación de Valencia.
En total, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012, (Vera) percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros", cantidad que, según el relato de fiscal, habría recibido por actuar como "intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos".
Es más, el Ministerio Público sostiene que el abogado -que, además, está casado con el exdiputada socialista María Antonia Armengol- también aparece de forma indiciaria como "partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero".