Teresa era una menor abusada sexualmente en un centro de tutela responsabilidad de la Consejería de Mónica Oltra. Ximo Puig contaba y cuenta con un equipo de juristas cuya función es proteger los intereses, no del PSOE o de Compromís, sino del Gobierno valenciano y sus responsabilidades. Pero el presidente valenciano no vio necesario que el equipo de Abogados de la Generalidad se personara en la causa contra Oltra para defender el prestigio y limpieza de sus centros de menores o los intereses de una menor que estaba bajo su tutela. Todo un extraño comportamiento que coincidía con el hecho de que la que podía salir malparada de la investigación era la socia de Gobierno necesaria para el muy feminista PSOE. Y eso era un problema para Mónica Oltra. Y para Ximo Puig.
El Partido Popular hace ya tiempo que exigió al Gobierno valenciano que pusiera todos los medios para investigar lo que ocurría por aquel 2017 en un centro de menores responsabilidad de la Generalidad. Pero las peticiones no parecían tener demasiado éxito. Y una fue especialmente llamativa: la no personación posterior en el caso contra Mónica Oltra por haber encubierto presuntamente los abusos a aquella menor de 14 años por parte del entonces marido de la propia consejera.
La acción jurídica debía haber sido literalmente de libro. Y es que la Generalidad de Ximo Puig debía haber interpretado que estaba en la obligación de defender la limpieza de los centros tutelados -que dependen del Gobierno autonómico- y separar su prestigio de un hipotético caso puntual de encubrimiento de abusos sexuales. Pero la orden de actuación de la Abogacía nunca llegó.
En abril de este mismo año, el PP presentó una iniciativa parlamentaria, de hecho, para exigir a la Abogacía de la Generalidad Valenciana que se pronunciara sobre dos escándalos de elevada relevancia política: el de la menor abusada por el entonces marido de la ya ex vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el conocido como caso de "los papeles de Ximo Puig".
El PP lo exigió en las Cortes, pidiendo la convocatoria de la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local para que el mismo director general de la Abogacía de la Generalidad tuviera que dar cuenta de los criterios seguidos a la hora de elegir los casos en los que se personan.
A fecha de ahora, la Abogacía de Ximo Puig sigue sin personarse. De hecho, el PP ha presentado una pregunta oficial para que le digan la causa de esa decisión. Es más, casualmente, tampoco está personada esta institución en la causa de los hermanos del presidente valenciano y su millonario cobro de subvenciones públicas procedentes de las arcas que controla Ximo Puig.
Hay que recordar que todo ello ocurre mientras el papel de Mónica Oltra se agrava. El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, mantiene abierta una pieza secreta en la causa que afecta a la ya exvicepresidenta y exconsejera valenciana de Compromís. Todo, por supuesto, en relación con los delitos derivados del presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada de 14 años. La Policía ha llevado a cabo una de las órdenes dictada por el juez: la entrada en la sede de la hasta hace nada Consejería de Oltra. Y allí ha encontrado las dos instrucciones que obligaban a Oltra a dar credibilidad a la menor a abusada y actuar de inmediato, como ha publicado Libertad Digital. La defensa de Oltra ha esgrimido que no existía ese protocolo de actuación. Y no sólo existe, sino que estaba en la propia sede.