La sucesora de Mónica Oltra, Aitana Mas, será la encargada de decidir si le retira o no la custodia de su hijo a la joven que sufrió abusos sexuales por parte del exmarido de la que fuera vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Se da la circunstancia, además, de que Teresa acaba de dar a su luz a su segundo hijo.
Un día después de ser imputada, y cuatro antes de dimitir, Oltra remitió a la Fiscalía un escrito en el que alegaba "una posible situación de desprotección del menor", habida cuenta de que tanto Teresa como su pareja, otro joven procedente de un centro tutelado, carecían de trabajo. Algo que, por otra parte, no dejaba de ser paradójico en tanto en que fue el Gobierno de Oltra y Ximo Puig el que les despidió del hospital en el que trabajaban nada más hacerse con el control del mismo. Es más, tal y como publicó Libertad Digital, ellos fueron los únicos empleados despedidos.
La Fiscalía no tiene competencias
La intención de Oltra al recurrir al Ministerio Público no era otra que sembrar la duda, pero pasar la patata caliente a la Justicia, con el fin de que nadie pudiera reprochar a un departamento con más imputados en el caso tomar una decisión en un sentido o en otro. Sin embargo, tal y como publica el diario Levante-EMV, la Fiscalía Provincial de devolverá ahora el expediente a la Consejería de Igualdad, al considerar que es a ésta a quien corresponde tramitar este tipo de expedientes administrativos. "La Fiscalía no puede asumir competencias que no tiene", ha esgrimido.
En total, doce funcionarios y directivos de Igualdad, más la exconsejera Mónica Oltra y otras dos trabajadoras del Centro Niño Jesús donde se cometieron los abusos están siendo investigados en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 15. La exvicepresidenta ha sido imputada por encubrir los abusos de su exmarido, sobre el que pesa ya una pena de cinco años de prisión.
Ahora, el expediente iniciado por la Fiscalía de Menores procederá a realizar las "averiguaciones pertinentes" para comprobar la situación de riesgo advertida por los servicios sociales de la mancomunidad de la Ribera Alta, donde la joven madre es atendida. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que lo adecuado en esta situación sería que Servicios Sociales iniciara un "Plan de intervención familiar" para "trabajar los aspectos detectados" en la situación de riesgo de la joven que, precisamente, esta semana ha sido madre de su segundo hijo.
Desprotegida por los servicios sociales
Dicha consideración refuerza la denuncia del entorno de Teresa, que acusa a la Administración valenciana de dejarla desamparada tras haber estado tutelada por la Generalidad. Actualmente, la joven carece de empleo y su pareja únicamente tiene trabajos esporádicos. Ambos viven con el padre de ella, que acaba de salir de prisión, en la casa de un familiar.
Ambos confían en recibir una indemnización por el despido irregular del que fueron víctimas que les ayude a empezar de cero. Sin embargo, también en eso el Gobierno valenciano está poniendo todo tipo de dificultades. La pareja presentó una denuncia por "despido nulo", solicitando 25.000 euros para cada uno de indemnización. El objetivo era lograr un acto de conciliación y mediación, pero la Generalidad no se personó. Ahora, la fecha fijada para el juicio es el 26 de enero de 2023, a las 10:50 horas de la mañana.