Malas noticias para Ximo Puig y sus hermanos. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha reclamado ampliar la investigación por el caso de las subvenciones de la Generalidad Valenciana a la familia Puig. Pide seis meses ante la evidencia de la complejidad del caso y la abundancia de información.
El texto de la Fiscalía Anticorrupción señala que "comprobadas las facturas aportadas por las tres mercantiles como justificación de las subvenciones solicitadas durante el período de 2015 a 2018, en las que se describen las cantidades, conceptos genéricos, períodos de facturación, y la declaración de los investigados, el fiscal solicita realizar una indagación sobre los siguientes proveedores de COMUNICACIONS DELS PORTS SA (CDP SA) y MASMUT PRODUCCIONS SL (MMP SL), ambas administradas por PUIG FERRER, y de CANAL MAESTRAT, administrada por ADELL BOVER, con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados".
Es más, "teniendo en cuenta la complejidad de la diligencia, procede delegar en el equipo de Policía Judicial y Delitos Económicos que deberá realizar informe complementario sobre los proveedores que han emitido las facturas, con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados (las facturas cuyo abono no consta, pero están ligadas a empresas vinculadas deberán ser justificadas por los propios administradores investigados, conforme a declaración)".
Todo ello se refiere al caso de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano de Ximo Puig -Francis- por parte de tres organismos: el primero de ellos, la propia Generalidad Valenciana que gobierna Ximo Puig; el segundo, el Gobierno también socialista de Aragón; y el tercero, la Generalidad catalana que lidera ERC de la mano de Junts. Y ERC es también socio del Gobierno socialista nacional.
Por ahora, el abogado del empresario castellonense y hermano del presidente de la Generalidad, Francis Puig, se ha defendido asegurando que, en ningún caso, las cantidades que supuestamente se adjudicaron de forma irregular a las empresas de su defendido superan los 120.000 euros. Pero, pese a ello, su propio equipo jurídico ha reconocido que duplicó facturas para obtener subvenciones y que pudo haber falsedad "con alguna factura".
El mismo letrado también ha admitido ya que "en algunos casos no se acreditan ciertos pagos", pero ha atribuido este hecho a "compensaciones" entre firmas que eran suministradores y clientes al mismo tiempo de las empresas de Francis Puig. Francis Puig, por su parte, ha declarado ya como investigado y durante cuatro horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Todo ello, en el marco de la causa abierta, tras una denuncia del PP, por el supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la Generalidad Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalidad de Cataluña.
"Es verdad que se han aportado las mismas facturas en ambas administraciones, pero eso no significa que se impute la totalidad del gasto. Cada administración decide la parte que subvenciona, sin aclarar qué gastos son los sufragados", ha añadido igualmente el abogado.
La defensa de Francis Puig, por ahora, se ha comprometido a aportar documentación para sustentar sus argumentaciones.
Pero lo cierto es que el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig está en el punto de mira por todo tipo de escándalos. Y, ahora, la ampliación de la investigación no se convierte en ninguna buena noticia para Ximo Puig, en plena cercanía de las elecciones autonómicas y locales.