La trama Azud se ha rebelado ya como un macrocaso de corrupción. Comilonas de 3.200 euros, sobresueldos, relojes Rolex y Tag Heuer, comisiones en campos de golf, cobros del 5% para adjudicaciones de obras, pagos desde una gran sociedad pública como Acuamed, pagos de gastos de campaña del PSOE o exigencias de comisiones en las obras de los trasvases.
Pero también es un macrocaso por la magnitud temporal. Ya se ha visto salpicado directamente el actual presidente del Gobierno valenciano, dos consejeros suyos estuvieron en las listas electorales beneficiadas por la trama de empresas y ahora aparece el exministro José Luis Ábalos en una de esas listas dopadas por la red de presunta financiación ilegal del PSOE.
La lista en cuestión fue la publicada por el Boletín Oficial del Estado el 12 de febrero de 2008. Se trató de las listas presentadas por el PSOE en las elecciones generales de aquel año y, en el caso concreto del exministro José Luis Ábalos, figuraba en el puesto 8 de la lista al Congreso de los Diputados. Y esa lista figura entre las que se beneficiaron del dopaje a la campaña del PSOE por la presunta financiación ilegal de la trama Azud a esta formación que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Libertad Digital ya ha informado de que en esa lista había más gente conocida y muy ligada a Ximo Puig. El actual consejero de Hacienda valenciano, Arcadi España, y la también actual consejera de Obras Públicas, Rebeca Torró, formaron parte de las listas electorales dopadas por los gastos investigados por presunta financiación ilegal.
Arcadi España García, consejero de Hacienda y Modelo Económico. Ocupó el número 12 de esa lista al Congreso de los Diputados publicada en febrero de 2008 y que concurrió a las elecciones generales por parte del PSOE de la Comunidad Valenciana bajo el liderazgo de la número uno por este territorio, María Teresa Fernández de la Vega. España ha sido nombrado en este cargo en una fecha muy cercana y con el caso Azud obviamente ya abierto: el 14 de mayo del pasado 2022.
Rebeca Mariola Torró Soler, consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Fue la número 16 de aquella misma lista. Y esa lista era la que acompañaba a José Luis Rodríguez Zapatero en su objetivo -conseguido- de renovar el mandato presidencial de España para el PSOE. Una lista que, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), fue una de las presuntamente beneficiadas por gastos de campaña asumidos por una red de empresas que, en última instancia, habrían sido pagados por acuerdos con la sociedad pública Acuamed, responsabilidad en última instancia de la entonces ministra y hoy presidenta nacional del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona.
Rebeca Torró fue igualmente elevada al cargo de consejera el pasado 14 de mayo de 2022. Hasta ese momento ella era secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo. Y, de hecho, tomó la cartera de su compañero de partido, gobierno y hasta listas electorales: Arcadi España, hasta ese momento en el cargo de Obras Públicas. Y Torró nunca ha tenido falta de cargos: ya formó parte de esta Consejería entre 2016 y 2018 en condición de responsable de la Dirección General de Vivienda, departamento que fue convertido en consejería para poder dar cobertura al pacto con Unidas Podemos y generar puestos y cargos para su gente. Torró, además, ha sido concejala de Urbanismo en Onteniente.
Es más, la trama Azud no deja de acercarse a Ximo Puig, el actual presidente de la comunidad autónoma y candidato del PSOE a revalidar el cargo en mayo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado ya el rastro de gastos políticos abonados por empresas de la trama B desde el inicio: en el 2006, en Morella -la ciudad de la que fue alcalde Ximo Puig- y bajo su mandato como líder socialista de esa localidad. E, igualmente ha confirmado el pago por la trama de gastos de campaña de Ximo Puig en sus primarias dentro del PSOE.