Ximo Puig se enfrenta al avance del caso Azud y del caso judicial que afecta directamente a las empresas de su familia: el caso Subvenciones. En la trama Azud, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha demostrado que parte de sus gastos de campaña de las primarias en el PSOE valenciano fueron pagados por empresas de la trama de presunta financiación ilegal del Partido Socialista y que esa misma trama B enchufó a su exmujer.
En el caso Subvenciones, por su parte, las empresas de su hermano Francis, ya imputado por este segundo caso, obtuvieron hasta dos millones en subvenciones con casi nulos controles, duplicando facturas y cargando hasta los sueldos de los hermanos de Ximo Puig a las ayudas públicas que concedían el Gobierno de su hermano, el Ejecutivo aragonés de Javier Lambán y la Generalidad catalana del entonces presidente Quim Torra. En la declaración, Francis, el hermano ya imputado admite en sede judicial que Ximo Puig le pagó gastos inflados y facturas duplicadas por "error mecánico" y que, también por "error", sus empresas llegaron a presentar facturas que no debían hasta al propio Juzgado que investiga el caso.
"Sí, es un error nuestro al aportar la factura al Juzgado. Porque la factura que corresponde a ese gasto es otra. La que hemos aportado aquí es errónea. Se equivocaron y pusieron una que no tocaba. La aportaremos y está pagada", contesta el hermano de Ximo Puig. Le preguntan más tarde por las diferencias de cuantías de facturas que figuran con los mismos conceptos y duplicadas. Y la respuesta es la siguiente: "Le aportaremos la información de los trabajos". Desde el Juzgado insisten y señalan que "unas veces ponen el mes de esos mismos conceptos y otras veces no ponen nada…". Respuesta: "Sí, sí…".
Y así va transcurriendo una declaración en la que las palabras más repetidas son "subvención" y "error". Y siempre van unidas. "Error mecánico", "confusión", "error" a secas. Se trata de supuestas explicaciones que no dejan de aparecer en una declaración que debía aclarar el cobro de dos millones de euros de subvenciones públicas.
En la declaración en sede judicial se puede ver también a Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, respondiendo a las preguntas por las facturas justificadas como gastos subvencionados y que no guardan ninguna relación con el negocio real de sus empresas o que estaban duplicadas o directamente suponían un mero sistema de aportación de gastos inflados: "Está pagada pero es un error nuestro aportar [la factura], responde en uno de los momentos Francis Puig. La frase se repite sin cesar en infinidad de preguntas por facturas concretas. "Es un error nuestro aportarla porque la gestoría nos pasaba el listado de facturas y nosotros la hacíamos con las facturas", señala el hermano de Ximo Puig, sin que se llegue atender muy bien lo que pretendía decir. "Y, hasta que luego se pidió esta factura y se consiguió, no vimos que esta factura es de formación, de formación subvencionada. No teníamos que haberla aportado". "¿Reconoce el error, entonces?", le preguntan a Francis en la comparecencia judicial. Y él responde contundente: "Sí, sí, sí".
Lo cierto es que estas respuestas han avalado claramente la decisión de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que reclamó hace poco más de medio año ampliar la investigación por el caso de las subvenciones de la Generalidad Valenciana a la familia Puig ante la evidencia de la complejidad del caso y la abundancia de información.
El texto de la Fiscalía Anticorrupción señaló en ese momento que "comprobadas las facturas aportadas por las tres mercantiles como justificación de las subvenciones solicitadas durante el período de 2015 a 2018, en las que se describen las cantidades, conceptos genéricos, períodos de facturación, y la declaración de los investigados, el fiscal solicita realizar una indagación sobre los siguientes proveedores de Comunicacions dels Ports SA (CDP SA) y Mas Mut Produccions SL (MMP SL), ambas administradas por Puig Ferrer, y de Canal Maestrat, administrada por Adell Bover, con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados".