El escándalo de Ximo Puig no es en absoluto una cuestión ajena al Gobierno de Pedro Sánchez. Las maniobras de los hermanos de Ximo Puig llegaron a tal punto que el propio organismo de Competencia de la Comunidad Valenciana intervino y sancionó a las empresas de la familia del presidente regional por utilizar un cártel para lograr más dinero público a través de los contratos de la televisión pública valenciana (A Punt).
El informe declaraba abiertamente hace más de dos años la ilegalidad de las prácticas de los Puig y remitió su propuesta de sanción al Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, para que confirmara el castigo y excluyera de los contratos públicos a las empresas en cuestión. El Ministerio de Hacienda debía haber resuelto ese expediente de inmediato y haber sacado, por lo tanto, de la contratación con organismos públicos a las empresas de los hermanos de Ximo Puig. Pero el expediente sigue congelado. Bloqueado. Y las empresas familiares de los Puig, gracias a ello, han seguido consiguiendo contratos de los organismos públicos del Gobierno de Ximo Puig. Uno de los últimos de estos contratos apenas cuenta con unos meses de antigüedad: fue con la misma televisión pública y ha engordado las arcas del entramado familiar en otros 120.000 euros. Suma y sigue.
El Ministerio de Hacienda que encabeza María Jesús Montero tiene en su mano desde hace años cortar el acceso a más contratos públicos del entramado societario de los hermanos de Ximo Puig. Se trata de la misma ministra que tuvo en su mano reclamar la devolución de los 680 millones de euros robados en el caso de los ERE -desde su cargo como consejera de Hacienda del Gobierno socialista de Andalucía-. E igual que hizo en aquella ocasión, ha optado por no hacer nada: ni allí reclamó el dinero, ni ahora ha exigido que se bloquee la contratación pública de los Puig.
Hacienda tiene que confirmar desde hace dos años la sanción del organismo de Competencia regional. Y mantiene bloqueado ese expediente. La historia se remonta a hace más de dos años. Cuando Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, fue sancionado y multado el 24 de noviembre de 2020 con más de 16.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana por haber constituido un cártel ilegal de la mano de sus socios para hacerse con concursos públicos de la entidad A Punt, la televisión pública valenciana. La empresa cabecera del entramado fue en esa ocasión Comunicacions dels Ports. Y, gracias a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, ha seguido contratando con esa misma entidad, pese a que la denuncia de amaño de los concursos se remonta aún más: hasta 2019. Eso sí, ya bajo el mandato de Pedro Sánchez.
El departamento que debía haber emitido su respuesta sobre el expediente es la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, un organismo interno que depende de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y, en última instancia, del Gobierno de Pedro Sánchez. A ese organismo acudió en su momento -hace ya más de dos años- el organismo de Competencia regional con una propuesta de prohibición de contratación pública para las empresas del hermano de Ximo Puig. Y ese organismo sigue hoy en silencio, permitiendo que el entramado de la familia del presidente valenciano siga accediendo a contratos públicos.
La Ley de Contratos del Sector Público es muy clara al respecto: es la Junta Consultiva de Contratación la que debe decidir sobre ese concreto aspecto. Y, como no lo ha hecho, sin ir más lejos el pasado y muy reciente mes de octubre, Francis Puig, pese a contar ya con la sanción de 16.801 euros por parte del organismo regional de Competencia, logró un nuevo contrato de 120.000 euros por una corresponsalía (la de Los Puertos y Alto Maestrazgo). Los trámites se finalizaron el 1 de septiembre y el contrato se formalizó un mes después, es decir, todo ello en plena judicialización del caso Subvenciones -caso que investiga el cobro de dos millones de euros en ayudas públicas por parte de las empresas de los hermanos de Ximo Puig-.
La sanción de Competencia valenciana no fue, además, por un asunto menor: se impuso por considerar probado que habían acudido a los contratos públicos con un pacto previo de precios entre el hermano de Ximo Puig y sus socios para acceder al dinero público sorteando la necesidad legal de concurrencia y competencia en los precios de los servicios. Por eso recibieron una multa de 16.801 euros tanto Comunicacions dels Ports, como el resto de productoras. Todo ello, tras una investigación que desveló incluso conversaciones privadas entre los empresarios en cuestión para amañar un concurso de corresponsalías de la televisión pública valenciana.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.